La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de 50 años de cárcel para siete de los ocho jóvenes detenidos como presuntos autores de la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas el pasado 15 de octubre en la localidad navarra de Alsasua. A cada detenido se le acusa de cuatro delitos de lesiones terroristas, penado cada uno de ellos con 12 años y medio de prisión. A uno de los acusados, además, se le atribuye otro delito de amenazas terroristas, lo que suma otros 12 años y 6 meses a la petición de la Fiscalía, 62 años y 6 meses en total para él. Por último, la acusación del fiscal José Perals incluye la petición de 12 años y medio de cárcel para una octava detenida, acusada de un delito de amenazas terroristas pero no de agresión.

Según Perals, estas agresiones se enmarcan dentro de la campaña denominada "Alde Hemendik", que traducida al castellano significa "Fuera de aquí" y cuyo objetivo es lograr la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y de Navarra mediante acciones de protesta y hostigamiento. Una reivindicación introducida por ETA en 1976 que tanto la banda terrorista como la izquierda abertzale siguen manteniendo en la actualidad.

"Existe una segunda intencionalidad que es la de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente", añade el fiscal Perals en su escrito de acusación.

La formación abertzale EH Bildu, que ha defendido en todo momento a los presuntos agresores, ya ha mostrado su "más absoluto rechazo" a la petición de la Fiscalía, tildándola de "despropósito absoluto" que "no responde sino a un montaje policial, judicial y mediático con base en determinados intereses políticos", defendiendo así la versión de los acusados.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 15 de octubre, cuando un teniente y un sargento de la Guardia Civil fuera de servicio y sus parejas fueron agredidos por más de una veintena de individuos cuando intentaban salir del bar Koxka de Alsasua. El Tribunal Supremo declaró competente a la Audiencia Nacional el pasado 1 de junio para investigar los hechos, entendiendo que constituían un delito de terrorismo.

Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, señaló ayer que ve "un cambio" en la posición del Gobierno en relación con la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA, a raíz de las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una entrevista donde afirmó que los presos de la banda "ni tienen más favores ni menos" que el resto de los reclusos.

"Esto es importante porque hasta la fecha no era así y existía una política de excepción", resaltó Erkoreka, contradiciendo así las declaraciones del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quien aseguró el lunes que el Gobierno no cambiará ni negociará dicha política penitenciaria.