El partido Ciudadanos propuso hoy una ley para regular la gestación subrogada "altruista" en España, aunque la mujer gestante recibiría una "renta mínima", solo podría serlo un máximo de dos veces por ese método, ser mayor de 25 años y haber sido madre anteriormente.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, argumentó en rueda de prensa que es una propuesta de regulación "garantista" y pidió "valentía" al resto de partidos para que dejen libertad a sus parlamentarios y puedan votar en conciencia cuando se debata la ley. La propuesta establece que se tienen que haber agotado previamente todas las vías para ser madre o padre antes de acogerse a la gestación subrogada.
Además fijará una compensación económica para la gestante que cubrirá los gastos derivados del embarazo, pero "no será un sueldo", y solo podrán acceder a este método los españoles o residentes en España para evitar "el turismo sanitario". Esa "renta mínima", según Ciudadanos (cuarto partido por escaños en el Parlamento), se establecerá en un reglamento posterior que desarrolle la ley y garantizará que nadie se acoge a este sistema por "motivos económicos".
La gestante no puede tener antecedentes penales ni haber abusado de drogas o alcohol. Habrá un registro para inscribir los contratos de gestación entre las partes implicadas para que tengan supervisión pública. Esto, según Rivera, permitirá controlar "que nadie se salte la ley".
En los documentos figurará la cuantía de la "compensación económica" de los costes de la clínica u otros gastos sanitarios. Para que las mujeres decidan en libertad y con seguridad, la ley exigirá que tengan al menos 25 años, la misma edad mínima para adoptar, explicó Rivera.
"No vamos a aceptar que por prejuicios ideológicos y morales impidamos que lo que ya existe no se regule", argumentó en alusión a los españoles que recurren a este método en el extranjero, pues no está permitido en España, y luego tienen que inscribir a los hijos en la embajada correspondiente.
Incidió en que se trata de un modelo altruista parecido a la ley canadiense, que va a asegurar que la mujer gestante tome la decisión de una manera "totalmente libre". El Partido Socialista Obrero Español, principal de la oposición, rechazó esta práctica recientemente al considerar que "se trata de una mercantilización de las mujeres". También se oponen organizaciones feministas y los obispos españoles.
El conservador Partido Popular, en el Gobierno, apostó por escuchar a los expertos en esa materia antes de definir su posición. Podemos, tercera fuerza parlamentaria, cree que hay que abrir un debate pues, "por un lado se trata de la libre disposición del cuerpo de las mujeres", y por otro, "de una situación de explotación por la desigualdad de género".
