Una Cristina Cifuentes (PP) que a ratos se puso muy nerviosa compareció ayer ante una comisión de la Asamblea de Madrid para explicar la adjudicación al empresario Arturo Fernández, donante de su partido, de los contratos de la cafetería de la cámara de 2009 y 2011, cuando era vicepresidenta primera y luego presidenta de la mesa de contratación. El papel de la presidenta madrileña en la adjudicación generó dos informes en los que la Guardia Civil apreciaba indicios de cohecho y prevaricación, y que figuran en el sumario "Púnica", aunque el juez no los estimó suficientes para imputarla por financiación ilegal.
Cifuentes negó haber influido en el informe que recomendaba la adjudicación y descargó la responsabilidad en los técnicos. "Cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico", dijo. Cifuentes entró en la cámara tras un paseíllo ante miembros de su Gobierno, que la aplaudieron. Con una insignia de la Guardia Civil en su chaqueta, la popular negó que discrepar de los informes de la UCO sea menosprecio hacia la policía judicial.
