El Gobierno cambió ayer de actitud ante la suerte del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, golpeado por el descubrimiento de que posee el 25% de una empresa familiar radicada en Panamá, y pasó de la defensa al silencio. Este giro anuncia nubes oscuras en el futuro de Moix, que queda pendiente de una reunión prevista para hoy con su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Tanto la vicepresidenta Santamaría como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, optaron por recordar que es al fiscal general del Estado a quien corresponde nombrar y destituir al jefe de Anticorrupción. Esta actitud contrasta con la confianza expresada el martes por el presidente Rajoy. En particular, Catalá enfatizó que ni el cargo de Moix es "de confianza" del Gobierno, ni su mantenimiento "es cuestión de confianza", sino asunto de Maza.
El propio Moix anticipó en parte la oscuridad de su futuro al asegurar que no tiene "ningún apego" al cargo y que si percibe que su permanencia en el mismo perjudica a la institución lo dejará. Además confirmó que tiene pendiente para hoy, jueves, una conversación con Maza, aunque precisó que esta última podría celebrarse ayer mismo a última hora.
En cuanto a la empresa que se ha interpuesto en su camino, Moix explicó que cuando Maza le ofreció la jefatura de la fiscalía Anticorrupción no le informó del asunto porque no le vio ninguna relevancia, al ser "una herencia, al estar todo declarado y legalizado y al no tener ningún tipo de incompatibilidad para el ejercicio de la función". No obstante, vista la relevancia mediática y política que ha cobrado la noticia, reconoció: "Es indudable que calculé mal".
Moix precisó que, en realidad, heredó un chalé en Collado Villalba (Madrid), valorado en 550.000 euros y adscrito a la polémica sociedad "offshore". Explicó que él y sus hermanos optaron por no disolver la empresa para evitar pagar unos costes de 90.000 euros.
