09 de mayo de 2017
09.05.2017
Caso Lezo

Anticorrupción cree que el número dos de Interior avisó a González de la operación Lezo

Las fiscales sugieren un chivatazo "grave" de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad

10.05.2017 | 17:04
Anticorrupción cree que el número dos de Interior avisó a González de la operación Lezo

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la excarcelación del expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, ante el riesgo de fuga y de manipulación de pruebas, en un escrito donde alude a una "presunta investigación 'chivada'" del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras su ingreso en prisión el 21 de abril, la Fiscalía destaca que el juez Eloy Velasco valoró ya en el auto de prisión "la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".

Recuerda en este sentido la conversación que se grabó en el despacho del expresidente madrileño a los hermanos Ignacio, Isabel (diputada madrileña) y Pablo González, éste último también en prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros.

En esa conversación, del 6 de marzo, se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad", refiriéndose a José Antonio Nieto quien admitió una reunión con Pablo González dos días después de la reunión de los hermanos.

Los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, relatan cómo antes de esa reunión Pablo González contactó con sus hermanos y en una de esas llamadas al hablar de Ignacio dice: "Le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos...Vamos, vamos se quedó un poco preocupado".

Añade además que el propio González admitió que contactó "con algún alto cargo de la Policía Nacional para saber "cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase" y también reconoció que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o de la Policía "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quien".

"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", destacan los fiscales.

De hecho aseguran que ha sido "una constante" en esta investigación que González, "junto con otros investigados, se han valido de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento".

Y es que, señalan, "Ignacio González ha demostrado una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación por las vías ilícitas señaladas".

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Anticorrupción se opone a la salida en libertad de Ignacio González. Vídeo: Agencia ATLAS 

"Para ejecutar esta acción de entorpecimiento de la investigación" González y su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, recurrieron "a personas perteneciente al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".

La Fiscalía habla asimismo de "un pacto delictivo" entre los investigados, cuyo "principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de 'componendas ilícitas pagadas con dinero público'".

Matización de las fiscales


Posteriormente, sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha hecho público un comunicado en el que aclara que una de las fiscales, Carmen García Cerdá, ha precisado que Anticorrupción no quería imputar "en modo alguno" ningún delito al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al mencionarle en un escrito del Ministerio Público con la "presunta investigación chivada".

La aclaración ha sido la siguiente: "La Fiscalía Anticorrupción confirma que la expresión recogida en el dictamen del Ministerio Fiscal en modo alguno quiere imputar ningún delito al Secretario de Estado de Seguridad en el presunto 'chivatazo".

Previamente, la Fiscalía General del Estado ya había interpretado que el escrito en el que Anticorrupción se oponía a la excarcelación de Ignacio González no señalaba al secretario de Estado de Seguridad como autor del presunto 'chivatazo' al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta"


Sobre el desvío de fondos, la investigación tiene ya acreditado que González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, la Fiscalía apunta a que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

La Fiscalía considera además que el que sea una persona de notoriedad pública tampoco anula el riesgo de fuga, ya que "la realidad judicial de España" ha demostrado que en otros casos en que eso parecía "impensable" la huida finalmente se produjo.

En otro informe, los fiscales también se oponen a la puesta en libertad de Edmundo Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.

Principalmente porque el "ingente dinero público desviado permanece oculto", afirma el fiscal, que hace hincapié en el "uso indiscriminado" que se hizo de la empresa pública que presidió Rodríguez de 2003 a 2016.

Inassa, "como si de una empresa privada se tratase"


Inassa fue gestionada, según el fiscal, "como si de una empresa privada se tratase", hasta tal punto que el propio Rodríguez manifestó al juez que "era privada y así se gestionó", aunque luego reconoció que quien ponía el dinero para sus ampliaciones de capital e inversiones era Canal Extensia, empresa pública, y que el dinero comprometido también lo era.

"Estos tejemanejes, alejados del control de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid, y sin contar con las autorizaciones legalmente previstas, le han granjeado indiciariamente elevadas ganancias ilícitas",, lo que explicaría sus inversiones inmobiliarias en Colombia, República Dominicana y Londres.

La investigación también apunta a que los imputados pudieron pagar comisiones a funcionarios en Panamá, Colombia o República Dominicana a cambio de adjudicaciones, "negocios que presuntamente siguen a día de hoy reportando ingentes beneficios fraudulentos" a Rodríguez.

"Una de las operaciones más groseras" de Rodríguez, destaca el informe, fue la adquisición de la empresa brasileña Emissao con un sobreprecio de 20 millones de euros de capital público de la Comunidad de Madrid que se desvió y que le generaron unas ganancias que depositó en cuentas de Suiza.

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