08 de mayo de 2017
08.05.2017
Desafío soberanista

Forcadell niega ante el TSJC haber desobedecido al Constitucional

La presidenta del Parlament pide al Tribunal Superior de Justicia catalán que ampare su "inviolabilidad"

08.05.2017 | 21:44
Forcadell niega ante el TSJC haber desobedecido al Constitucional

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria de la Mesa Anna Simó han pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ampare su "inviolabilidad" parlamentaria y han negado que desobedecieran al Constitucional al permitir votar dos resoluciones pro referéndum.

Forcadell y Simó han declarado esta mañana como investigadas ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret a raíz de una querella de la Fiscalía que las acusa de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), por permitir que el pasado mes de octubre el Parlament votara dos resoluciones impulsadas por JxSí y la CUP a favor de un referéndum independentista.

Ambas investigadas, que se han negado a contestar a las preguntas de la juez y del fiscal, han arrancado su declaración con un alegato en el que pedían tanto a la magistrada como a la Fiscalía que cumplieran con su obligación de proteger su inviolabilidad como parlamentarias, principio que, han añadido, es una garantía de la "separación de poderes".

A preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, las dos diputadas han proclamado ante la juez que, cuando admitieron a trámite las propuestas a favor del referéndum, se limitaron a cumplir su deber de dar voz a las iniciativas de los grupos, sin que con ello crean estar "transgrediendo" la sentencia del TC que les prohibía desarrollar la declaración de ruptura del 9N, ni ninguna de sus resoluciones posteriores.

Forcadell y Simó han acudido a declarar arropadas por cerca de 2.000 personas -según la Guardia Urbana- convocadas por las entidades independentistas y por miembros del Govern, entre ellos el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que las ha acompañado en su solemne desfile desde el edificio del Parlament hasta el Palau de Justicia.

Tras declarar ante la juez, durante unos veinte minutos cada una, ambas han comparecido en el Parlament en una rueda de prensa en la que han arremetido contra "la voluntad censoras de aquellos que quieren coartar" la libertad de la cámara catalana.

"Que nadie tenga ninguna duda, no nos doblegaremos a la voluntad censora de aquellos que quieren paralizar y coartar un Parlamento democrático; continuaremos garantizando que el debate, el voto y la palabra continúen siendo pilar fundamental de este Parlamento", ha señalado Carme Forcadell, que acumula su segunda imputación por desobediencia al TC.

La presidenta de la cámara catalana ha remarcado que no admitirá que "los poderes del Estado" sean los que decidan de qué se puede hablar en el Parlament y ha proclamado que la Mesa no puede convertirse en un "Tribunal Constitucional en miniatura" que haga el "trabajo sucio".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el apoyo que miembros del Govern y de partidos independentistas han brindado hoy Forcadell en su comparecencia ante el TSJC responde a que la están usando de "parapeto" para no verse afectados en causas judiciales.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha denunciado que Puigdemont y el Govern intenten "presionar" al poder judicial al acompañar a Forcadell, lo que ha calificado de "performance".

El líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, ha considerado que la cita judicial de hoy es "un episodio más del proceso" independentista y ha asegurado que la solución "no llegará contraviniendo la ley o sólo con su aplicación".

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que quienes han acompañado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a declarar ante la juez que instruye su causa eran sobre todo representantes de la "aristocracia política catalana", además de miembros de Bildu, "brazo político de ETA".

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han lanzado hoy una "caja de solidaridad" que recogerá aportaciones económicas para poder financiar las multas que puedan recibir los dirigentes independentistas como consecuencia de los pasos dados en el proceso soberanista.

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