Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, se reunió con el "número dos" de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil en el marco de la posteriormente bautizada como Operación Lezo.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el pasado viernes por la noche el ingreso en prisión sin fianza de Ignacio González por un desfalco a las arcas públicas relacionado con el canal de Isabel II que, solo en una de las operaciones, alcanza los 23 millones de euros. En cuanto a su hermano, Velasco le impuso prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.
La reunión entre Pablo González y un secretario de Estado está recogida en el auto de prisión dictado por Velasco, aunque no se especifica que se trata del responsable de Seguridad. Este extremo fue, sin embargo, confirmado ayer por fuentes del Ministerio del Interior, que calificaron la reunión de "protocolaria" y la fecharon en el pasado 8 de marzo.
El auto del juez Velasco también afirma que Ignacio González propuso al exministro Eduardo Zaplana "montar una estructura financiera" opaca en el extranjero para "canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo". La acusación del juez se basa en una llamada pinchada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
De igual modo, prosigue Velasco, González y Zaplana adquirieron el 50% de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot, a través de quien González pensaba montar la estructura financiera opaca que propuso a Zaplana. En una declaración efectuada ayer a "Efe" Zaplana negó cualquier relación con González: "Nunca he tenido ni tengo ninguna sociedad ni relación mercantil con don Ignacio González", dijo el exministro.
En su auto, el juez Velasco acusa también a González de presionar en 2007, siendo vicepresidente del Gobierno autonómico presidido por Esperanza Aguirre, para que se manipulase la concesión de la construcción de dos campos de golf en Chamberí (Madrid), que finalmente se adjudicó a una empresa participada por su hermano Pablo y por su cuñado José Juan Caballero. Con anterioridad, González tuvo que conseguir que se modificase el proyecto originario, que no incluía campos de golf, por considerarse que no resultaban acordes con las normas de urbanismo. El expresidente madrileño negó en 2007 que hubiese adjudicado el concurso a familiares suyos y retó a quien considerase que había delito en la operación a denunciarlo ante la justicia.
Sobreprecio por Inassa
El juez Velasco indaga, por otra parte, el pago de un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra en 2001 de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II, siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Inassa es la filial latinoamericana del Canal cuyo registro intentó paralizar sin éxito el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. La compra se efectuó por unos 100 millones de euros, pero según el juez su valor era de unos 30.
