El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó ayer el ingreso en prisión sin fianza del expresidente madrileño Ignacio González, por su relación con un desfalco a las arcas públicas, a través de empresas filiales del Canal de Isabel II, que sólo en una de las operaciones está cifrado en 23 millones de euros. Además de González, quien negó todas las acusaciones durante las casi tres horas que duró su interrogatorio en la Audiencia Nacional, Velasco dictó encarcelamiento ineludible para Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre de confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid, que controlaba la filiales de la empresa pública de aguas en América Latina .
La "operación Lezo", que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II y la financiación ilegal del PP madrileño, sumó ayer otro detenido con el arresto, en el aeropuerto, a su regreso de Londres, de Javier López Madrid, consejero delegado OHL y yerno de su presidente, Juan Miguel Villar Mir. Según los investigadores, López Madrid, quien quedó en libertad con una fianza de 100.000 euros, habría pagado a Ignacio González una comisión de 1'4 millones de euros para la adjudicación del contrato para la construcción de un ferrocarril entre Navalcarnero y Móstoles.
Tras haber pasado la noche en el calabozo de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, el expresidente madrileño declaró ayer ante el juez durante dos horas y cuarenta y cinco minutos. González, según fuentes judiciales, negó los desvíos de fondos de la entidad pública, que presidió entre 2003 a 2012. Tras su declaración, el fiscal pidió al juez su ingreso en prisión sin fianza, petición que Velasco aceptó.
Seis de los doce detenidos en la primera jornada de la operación, prestaron declaración ayer ante el juez Velasco. La víspera lo hicieron la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, para quien el magistrado dictó prisión eludible con una fianza de cuatro millones de euros, y el exgerente del Canal, Adrián Martín, a quien se le impuso un depósito cautelar de 100.000 euros.
El juez considera que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual), tan solo en la operación que supuso la compra de la empresa brasileña Emissao. Así figura en uno de los autos dictados por Eloy Velasco, quien sostiene la compra de Emissao en 2013 , "hipervalorada ficticiamente", se hizo sin ningún tipo de control y tenía como objetivo el "desvío de dinero público madrileño" a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad".
La responsable financiera del Canal "en connivencia" con Edmundo Rodríguez Sobrino, propició la "premeditada" sobrevaloración del precio de la firma brasileña. La empresa pública de aguas de Madrid destinó 31 millones de dólares a la operación, pero el patrimonio neto de Emissao al cierre del año de su adquisición era de 10,2 millones de dólares y en sólo dos ejercicios descendió a 5 millones de dólares.
El juez señala a Rodríguez Sobrino, consejero delegado de "La Razón", como autor de las propuestas de inversión, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Canal Extensia "a pesar de las evidentes deficiencias legales y financieras" y a sabiendas de que había un informe de la consultora KPMG que cuestionaba la operación. Entre las principales irregularidades detectadas, Eloy Velasco apunta a la ausencia de autorización por parte del Consejo de Gobierno, la adquisición a través de un entramado societario opaco, y el pago "a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales".
El hermano del expresidente, Pablo González, exdirigente de Mercasa, también detenido, se acogió a su derecho a no declarar. El juez le impuso prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros y para su cuñado Juan José Caballero, prisión bajo fianza de 100.000 euros.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha además que Ignacio González blanqueó dinero utilizando a su padre, Pablo González Liberal, un nonagenario que se encuentra bajo arresto domiciliario por su delicado estado de salud.
El PSOE se personó ayer como acusación popular en el "caso Canal" y exige al fiscal general que abra expediente al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, para apartarle del cargo.
