21 de abril de 2017
21.04.2017

Registros judiciales en OHL e Indra por la supuesta financiación ilegal del PP

El fiscal planea pedir prisión sin fianza para González si no colabora en la investigación

21.04.2017 | 02:14
González, en la comandancia de la Guardia Civil. // Efe

La Guardia Civil registró ayer las sedes de las empresas OHL, Indra y PriceWaterhouseCoopers (PwC) en busca de información que conecte la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con la supuesta financiación ilegal del PP.

Los registros forman parte de la Operación Lezo, que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La operación deparó el miércoles el arresto, entre otros, del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El magistrado comenzó ayer a tomar declaración a los detenidos, en concreto a María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal, y a Adrián Martín, exgerente de esa entidad.

El plan de trabajo de Velasco pasa por interrogar hoy al resto de los arrestados, que desde el miércoles permanecen custodiados por el instituto armado, entre ellos el expresidente madrileño, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y consejero delegado del diario "La Razón".

Otro de los detenidos la víspera fue el ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, ya investigado en el caso Púnica, en el que también se investiga la financiación ilegal del PP de Madrid.

Dentro de esas pesquisas, el juez ordenó ayer a la a Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrar en la constructora OHL, la tecnológica Indra, Licuas (una constructora de obra civil), Saerco (que gestiona torres de control de aeropuertos) y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC).

En el caso de OHL, la investigación tiene que ver con el contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero, firmado en 2007, y con el posible desvío de fondos hacia el PP y el propio González.

A PwC los agentes le reclamaron información sobre los trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, entidad que también fue registrada.

La cuestión es que su ex consejero delegado, Martínez Nicolás, ahora detenido, está imputado en la Púnica por haber pagado 10.000 euros a la trama tras una supuesta orden de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Entre tanto, la Fiscalía Anticorrupción planea pedir prisión sin fianza para Ignacio González, a menos que acepte colaborar en la investigación, según informaba anoche el diario "El País".

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