25 de febrero de 2017
25.02.2017

El Govern estudia adelantar a junio el referéndum ante la presión judicial

Rajoy, abierto a más reuniones discretas con Puigdemont - Los Pujol pidieron a Andbank la destrucción de pruebas

25.02.2017 | 01:51
Puigdemont, esta semana, en el Parlamento catalán. // Efe

La presión judicial sobre los soberanistas catalanes ha llevado al Govern de Carles Puigdemont a estudiar el adelanto del referéndum de independencia al mes de junio, sin agotar el plazo límite de septiembre. Tanto las inhabilitaciones que puedan derivarse del juicio por el 9-N como una eventual inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, podrían mover al Ejecutivo autonómico al adelanto. La querella presentada el jueves por la Fiscalía de Cataluña contra Forcadell y el resto de la Mesa del Parlament, por la aprobación de la resolución para convocar el referéndum, reforzaría la tentación.

Según fuentes soberanistas, Puigdemont ha dado instrucciones de tener toda la logística referendaria preparada para la última semana de mayo, de manera que el primer domingo en que resulte posible la votación sea el día 28 de ese mes. Otras dos fechas serían el 11 y el 18 de junio. En esta última se cumple el undécimo aniversario del referéndum de 2006 sobre el Estatut reformado.

En todo caso, un elemento a tener en cuenta es que, según fuentes conocedoras, los trabajos de preparación de la consulta -urnas, papeletas, censo, puntos de votación y observadores internacionales- están aún "muy verdes".

En las filas independentistas se instaló hace tiempo el convencimiento, prosiguen las fuentes, de que era muy probable una inhabilitación exprés de Forcadell en el primer semestre del año por haber permitido votaciones sobre la hoja de ruta independentista. Pero, aunque la instrucción del caso está casi ultimada y pendiente de ser enviada próximamente a juicio, no se cree que hubiera una sentencia firme antes del verano.

Sí que llegarían antes de esas fechas las presumibles inhabilitaciones por la consulta del 9-N del expresidente catalán Artur Mas y de las exconsejeras Ortega y Rigau, que se sentaron en el banquillo los pasados días 6 a 10. El exconsejero Francesc Homs será juzgado por la misma causa la próxima semana ante el Supremo.

En paralelo con todas estas cavilaciones, también se prevé que en los próximos meses haya un último intento de acuerdo con el Gobierno, aunque las posiciones están abismalmente separadas. El Ejecutivo afirmó ayer que el diálogo con la Generalitat y la sociedad civil catalana "no tiene fecha de caducidad", por lo que está dispuesto a tener más reuniones, secretas o discretas, con Puigdemont, como la mantenida el pasado 11 de enero y conocida esta semana. No obstante, el Ejecutivo se reafirmó en que se trata de hablar de los problemas de los ciudadanos y "siempre dentro de la ley".

Mientras, ayer se reveló que la familia Pujol pidió en 2010 a Andbank que "destruyera" documentación de sus cuentas, a lo que la entidad se negó. Posteriormente, Jordi Pujol hijo reclamó de nuevo al presidente del banco andorrano que "si algún día había alguna demanda judicial" no entregaran toda la información a la justicia. Así lo afirmó el presidente de la entidad, Manel Cerqueda, en la declaración que prestó como testigo ante el juez del caso.

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