"La prisión provisional es una medida extraordinaria y debe estar muy justificada cuando la sentencia no es definitiva". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió ayer en estos términos la cautela con que deben actuar los tribunales ante condenas de cárcel que no son firmes. Fue en respuesta a una pregunta que trataba de anticipar lo que ocurrirá mañana con Iñaki Urdagarin, sentenciado a más de seis años de prisión por el caso Nóos. La Fiscalía sopesa pedir medidas cautelares aunque también podría solicitar su ingreso en prisión. "Es en el análisis de las circunstancias personales de cada caso concreto donde se concluye si existe o no riesgo de fuga", sostiene Catalá, quien anticipa que el tribunal resolverá "con arreglo a la ley". El ministro entiende que la prisión provisional es una medida excepcional y como tal debe ser aplicada.
Catalá considera que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe reducirse el ámbito de la acusación popular, acotar con precisión quién debe ejercitarla y en qué tipos de delitos. En lo relativo al caso Nóos, fue la acción popular ejercitada por Manos Limpias la que llevó a la infanta Cristina al banquillo.
