18 de febrero de 2017
18.02.2017
La sentencia del "caso Nóos"

La Audiencia de Palma absuelve a la Infanta y condena a Urdangarín a 6 años y a Torres a 8

El exduque y su socio reciben penas muy inferiores a las pedidas por el fiscal -La justicia tendrá que devolver 322.000 euros a Cristina de Borbón -El tribunal reprocha al cuñado del Rey su "absoluto desprecio" por la ley y sostiene que se prevalió de su "posición institucional" para "mover voluntades"

18.02.2017 | 04:28
La Infanta y Urdangarín, a la salida de la cuarta jornada del juicio del "caso Nóos". // Efe

La Audiencia de Palma absolvió ayer a la Infanta Cristina por el "caso Nóos", pero condenó a seis años y tres meses de prisión a su marido, Iñaki Urdangarín, y a ocho años y medio a su antiguo socio Diego Torres. En ambos casos se trata de penas muy inferiores a las solicitadas por la Fiscalía: diecinueve años y medio para el exduque de Palma y dieciséis y medio para Torres. El otro acusado al que se condena a penas castigadas con la privación de libertad es el expresidente balear y exministro Jaume Matas: tres años y ocho meses, dos menos de los que se le pedían.

La Infanta, a la que solo acusaba el pseudosindicato Manos Limpias, es declarada responsable civil a título lucrativo y deberá pagar 265.088 euros. Sin embargo, dado que en diciembre 2014, más de un año antes del inicio del juicio, sus abogados depositaron en su nombre en el juzgado 587.413 euros -entonces en concepto de responsabilidad civil, a secas-, la justicia deberá devolverle 322.325 euros.

De los otros catorce acusados en el proceso, diez fueron absueltos y cuatro condenados, todos ellos expolíticos baleares que podrán sustituir por multas las penas que se les imponen. Se trata del ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester, condenado a quince meses y dos días de prisión, sustituibles por multa de 5.424 euros; Gonzalo Bernal, el exgerente de Illesport, condenado a 15 meses y dos días, sustituibles por multa de 5.424 euros; Juan Carlos Alía, exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), condenado a un año y dos meses de cárcel, sustituible por una multa de 4.626 euros; y Miguel Ángel Bonet, el exsecretario de Ibatur, condenado a un año y dos meses, sustituible por una multa de 4.626 euros.




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Quedan absueltos todos los integrantes de la "rama valenciana" del caso -entre ellos, el ex vicealcalde Alfonso Grau-, en la que se investigaba la organización de los congresos de turismo y deporte organizados por el Instituto Nóos en esa comunidad entre los años 2004 y 2007. El tribunal tampoco aprecia delitos en la organización de la candidatura olímpica Madrid 2016, lo que supone la exoneración de su cabeza visible, Mercedes Coghen.

La sentencia llega siete meses después de que concluyera el juicio del caso, que se extendió de enero a junio del año pasado, y once años después de que un diputado socialista balear, Antoni Diéguez, preguntara por qué se habían derrochado 1,2 millones de euros en la organización de un encuentro internacional sobre turismo y deporte, que supuso el debut del Instituto Nóos.

En total, en la sentencia de 750 folios firmada por las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín se imponen multas e indemnizaciones a los siete condenados por un monto cercano a los 3,5 millones de euros, cuando el total de lo defraudado por Nóos y su red de empresas superó los 6,2. Dos terceras partes de la cantidad a resarcir deberán abonarlas Urdangarín y Torres. Y como en el caso de la hermana del Rey, la mujer de Torres, Ana María Tejero, que también fue absuelta, habrá de pagar 344.934 euros por lucrarse de los delitos fiscales de su esposo.

En su esperado fallo -para redactar el cual pidieron en diciembre una prórroga de tres meses-, las magistradas consideran probado que Urdangarín defraudó al fisco en 2007 y 2008, lo que merece sendos años de cárcel, cometió un fraude a la administración penado con ocho meses y prevaricó, por lo que debe privársele de libertad 2 años y ocho meses.

También sostienen que para conseguir la contratación de Nóos por el Gobierno de Matas, Urdangarín desplegó "la influencia que su posición institucional le procuraba para mover la voluntad de las autoridades y funcionarios públicos".

"Su proximidad a la Jefatura del Estado resultó determinante" para influir en el entonces presidente balear, "que asumió sin cuestionamiento alguno sus pretensiones" y le asignó de forma irregular la realización de dos foros sobre turismo y deporte y funciones en el patrocinio de un equipo ciclista, añaden las juezas.

Además, las tres juezas afirman que la conducta del exduque de Palma merece "un especial reproche", pues mostró un "absoluto desprecio" hacia los valores del ordenamiento jurídico y no actuó "como cabía esperar de quien en aquellas fechas se hallaba integrado en la Familia Real, sino que se sirvió de él en provecho propio".

Respecto a la Infanta, sostienen que "desconocía" que su marido estaba incurriendo en "ilícitos penales" y no participó en su ejecución. Con todo, pese a ser ignorante de esos delitos, se benefició del dinero de los manejos de Nóos que fue a parar a las cuentas de la mercantil Aizoon -de la que eran propietarios a medias-, razón que la convierte en responsable civil a título lucrativo del fraude fiscal.

No era "consciente"

Dicho lo cual, establecen con claridad que del hecho de ser socia con su marido de la firma Aizoon no se deriva necesariamente que participara en los delitos fiscales cometidos, ya que "para ser partícipe de un delito contra la Hacienda pública se requiere una acción consciente dirigida a la defraudación".

Manos Limpias, que pedía ocho años de prisión para la hermana del Rey por esos dos delitos fiscales, fue condenada a pagar el total de las costas que el juicio le haya causado a la Infanta y el 50 por ciento de las causadas a Ana María Tejeiro. El pseudosindicato está siendo investigado por la Audiencia Nacional por extorsión y, supuestamente, pedir tres millones de euros a cambio de retirar los cargos contra la hermana de Felipe VI.

Tras conocer la sentencia, la Casa del Rey se limitó a reiterar su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial".

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