El expresidente de la Generalitat Artur Mas acusó ayer al Gobierno de utilizar, respecto a la consulta independentista del 9-N, al Tribunal Constitucional (TC) "para hacer el trabajo que no se atrevía a hacer desde el punto de vista político". Mas incluyó esta acusación en el turno final de palabra -que tuvo una inusual duración de 23 minutos- con el que cerró la quinta y última sesión del juicio por el 9-N, visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El expresidente, juzgado junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, se enfrenta a una posible pena de diez años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia al TC por haber mantenido la organización y desarrollo de la consulta tras haberla prohibido el alto tribunal. La pena solicitada por la fiscalía para Ortega y Rigau es de nueve años.

Mas sostuvo que no está sentado en el banquillo por desobedecer al TC sino por "plantar cara" al Gobierno central y porque el "éxito" de la consulta de independencia "no gustó a determinadas instancias del Estado y del Gobierno español". "Y como no gustó se consideró un desafío y pretenden que ahora se pague", añadió.

Mas dedicó parte de su alegato final a expresar su "preocupación" por la revelación del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, quien horas antes había asegurado que cuando la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal le encargó el caso, le pidió que actuara con imparcialidad.

Horas antes, el fiscal Sánchez Ulled había expuesto que en el juicio del 9-N no se está juzgando "la voluntad popular, ni una votación popular, ni se persigue a la democracia", sino lo que calificó de "torpedo" a la línea de flotación de las reglas de juego democráticas.