El Gobierno decidirá sobre la reapertura de la central nuclear de Garoña, paralizada desde 2012 y cuya posible vuelta a la actividad provoca una intensa controversia política. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) suscribió ayer, con cuatro votos a favor y uno en contra, un dictamen favorable a que la planta burgalesa vuelva a conectarse a la red si hace las inversiones en seguridad que se le requieren, la mayoría de ellas exigencias que entraron en vigor tras el accidente de la planta japonesa de Fukushima. Ajustarse a esas normas permitiría que la planta, que entró en servicio en 1970, siguiera en actividad hasta 2031.
Ahora todo depende de la decisión del Gobierno, que deberá resolver si autoriza que la central vuelva a entrar en servicio y determinar el tiempo durante el que todavía puede generar electricidad. El presidente del CSN, Fernando Marti, trató de desmarcarse ayer de las críticas de los partidos de la oposición a la posible reapertura de Garoña al señalar que el Consejo "no autoriza a operar ni lo desautoriza, simplemente establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a hacerlo; es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuánto tiempo". La consejera Cristina Narbona, nombrada a propuesta del PSOE, que votó contra la reapertura de Garoña, advierte que es la primera vez desde 1999 en que el CSN concede un informe favorable sin establecer un límite temporal a la renovación de explotación.
