08 de febrero de 2017
08.02.2017

Los testigos sostienen que Mas siguió preparando el 9-N pese a la suspensión

"El referéndum no se va a celebrar ni en España ni en Baviera ni en el Véneto", avisa la vicepresidenta a los soberanistas

08.02.2017 | 02:06
Mas, camino del juicio, con su esposa, Helena Rakosnik. // Efe

Varios testigos sostuvieron ayer en sus declaraciones que la Generalitat siguió con los preparativos de la consulta del 9 de noviembre de 2014 después de que el Tribunal Constitucional (TC) la suspendiese el día 4. Además, otros reconocieron "coacciones" a directores de institutos para que abrieran los centros el día de la votación y "recomendaciones" a los inspectores de Enseñanza para que se abstuvieran de intervenir en el proceso.

En la segunda jornada del juicio contra el expresident Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, la Fiscalía intentaba probar que la Generalitat ignoró a sabiendas la prohibición de celebrar la consulta y que, para ello, no solo mantuvo el "control" organizativo de la cita y su logística, sino que hizo presión en el sector educativo.

Sobre esto último, sin embargo, se escucharon versiones contrapuestas, ya que si bien un inspector de Enseñanza y una directora de instituto denunciaron presiones para que los centros abrieran sus puertas, la directora territorial del departamento de Enseñanza en Barcelona y el inspector jefe negaron las coacciones.

Josefa Bosch, que dirigía en 2014 el instituto Pompeu Fabra de Badalona, desmintió que se hubiera sentido coaccionada: "Presión hubiera sido si nos hubieran obligado a nosotros a abrir los centros", explicó.

Con todo, la declaración de algunos testigos permitió al fiscal reforzar la tesis de que, pese a que fueron los voluntarios quienes asumieron la ejecución "material" de la votación, tal como el lunes aseguraron los tres acusados, las tareas de organización no se detuvieron tras la suspensión decidida por el TC el día 4.

Así, el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) durante el 9-N, Jordi Escalé, reconoció al tribunal que los ordenadores usados aquel día en los lugares de votación fueron repartidos entre los días 7 y 8 de noviembre.

Un sostén aún más firme a las tesis del fiscal lo aportó el relato de Bernat Rigau, empleado de la empresa T-Systems, que coordinaba los trabajos informáticos previstos en los contratos suscritos con el CTTI. Este testigo dijo que ante los recelos expresados por su empresa después de la prohibición del TC, el CTTI le comunicó por carta que podía continuar con los preparativos porque sus trabajos no estaban afectados por la decisión del Constitucional.

La misiva, que T-Systems hizo llegar al tribunal durante la fase de instrucción del caso, es la que llevó a la Fiscalía a pedir la imputación del entonces consejero de Presidencia, Francesc Homs, ya que fue este quien indicó por escrito al CTTI que los trabajos informáticos contratados no estaban afectados por la suspensión, informa "Efe".

En lo tocante al uso de los institutos declaró Dolores Agenjo, directora de un centro de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a cederlo para la consulta. La testigo, que formó parte de la lista de C's en las últimas elecciones autonómicas, afirmó que el 7 de noviembre recibió varias llamadas de la exdirectora de Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, apremiándole a entregar las llaves del centro, pero ella se resistió a hacerlo mientras no se lo exigieran por escrito.

Llobet declaró que se limitó a informar en una reunión de que "seguramente" sus institutos serían sede del 9-N, al ser propiedad de la Generalitat, pero rechazó haber presionado a nadie.

Entre tanto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, prometió en el Pleno del Senado que la "respuesta oficial a un referéndum de autodeterminación es que no puede celebrarse y no se va a celebrar en España, como no se va a celebrar en Baviera, como no se va a celebrar en el Véneto".

En otro orden de cosas, la Autoridad Catalana de Protección de Datos ha empezado a auditar a la Generalitat por la polémica generada por el exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes, algo que el Ejecutivo autonómico niega.

El sustituto de Vidal, Robert Masih i Nahar, originario de la India y que apenas sabe hablar castellano, prometió el cargo con la fórmula de que acatará la Carta Magna "hasta la República catalana por imperativo legal".

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