Artur Mas asumió ayer "toda la responsabilidad" por la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014, pero se escudó en el Tribunal Constitucional (TC) para sostener que no incurrió en delito de desobediencia, pues la corte de garantías, que la había suspendido el día 4, no le advirtió "con precisión" de las consecuencias que acarrearía su celebración.

"El 9-N no recibimos ninguna respuesta, ninguna, a nuestra voluntad de aclarar qué debíamos suspender y qué no", se quejó el expresidente de la Generalitat.

En una jornada marcada por la multitudinaria movilización soberanista en apoyo del exmandatario, y de Joana Ortega e Irene Rigau, las dos exconsejeras que también son juzgadas por los mismos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mas hizo suya toda la "iniciativa política" del 9-N, pero negó que él y las otras dos acusadas -que, según su relato, se limitaron a seguir sus "directrices"- tuvieran "ánimo de desobedecer" al Constitucional.

Es más, explicó que después de la suspensión de la convocatoria por el TC, "la transformamos en otro tipo de consulta, no organizada por la administración", sino con su "apoyo" y "con el concurso de 42.000 voluntarios". "Cambiamos el formato", manteniendo la pregunta acordada y "sin renunciar al objetivo final", pero con un "sistema de garantías" que, a su juicio, "se cambió de una forma sustancial".

"No se trataba de una consulta para tener vinculaciones legales, solo para conocer la opinión de la gente", prosiguió. Y en defensa de esta condición de "encuesta", como en su día la consideraron varios altos cargos de la Generalitat, adujo la "mofa" que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo de ella: "Se consideraba una cosa secundaria, menor, intrascendente".

"El presidente Rajoy hizo afirmaciones públicas donde decía que lo que habría en Cataluña el 9-N no era ni referéndum, ni consulta, ni nada que se le pareciera, y que no tendría ningún efecto. ¡Y lo dijo el presidente del Gobierno español!", exclamó Mas a preguntas de su abogado, las únicas que aceptó responder, junto con las de las defensas de Ortega y Rigau. Ni las de la Fiscalía ni las de la acusación popular.

También aportó otro argumento en su defensa: que la Fiscalía se opuso inicialmente a presentar una querella porque el Gobierno catalán nunca fue apercibido. Y es que, según el expresident, la suspensión del 9-N por el TC fue "imprecisa" y no vino acompañada de una advertencia "clara" de las responsabilidades penales en que incurriría la Generalitat si la votación, pese a todo, se celebraba. Además, la corte de garantías no respondió cuando el Ejecutivo de Mas, tras la suspensión, le pidió por escrito que aclarara el alcance de su orden.

Estos fueron, en sustancia, los argumentos de Mas, a quien el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, regañó por hacerse preguntas en el momento más tenso de la primera jornada del juicio. "No debe formularse preguntas, usted se limita a contestarlas si lo desea", le espetó. A lo que Mas replicó: "Pues lo voy a hacer con afirmaciones, porque afirmaciones sí que las puedo hacer, ¿no?".

"El Constitucional en ningún caso hizo nada de nada para que se obedeciera aquella notificación", afirmó entonces el expresident, que antes había clamado: "¿Si tan evidente era que aquello era un delito, o más de uno, cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciera nada para hacer obedecer su resolución o providencia?".

A las 12.10 horas finalizó la primera sesión de la vista, que había empezado a las 09.50. Con cincuenta minutos de retraso: el tiempo que Mas, Ortega y Rigau, acompañados del Gobierno catalán en pleno -pero no de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau- y miles de personas detrás, invirtieron en ir andando desde el Palacio de la Generalitat hasta el Palacio de Justicia, adonde llegaron a las 09.25. A la puerta de la sede del TSJC aún se detuvieron a saludar a los miles de concentrados.

Y lo volvieron a hacer a la salida. "Hemos sentido en lo más profundo de nuestro corazón, alma y pensamiento que no estábamos solos. Gracias por tanto", dijo Mas a los miles de simpatizantes concentrados.

Pero ¿cuántos eran? Depende de las fuentes. Según la Guardia Urbana (Policía local), unos 40.000, diez mil menos de los inscritos para hacer el recorrido entre un palacio y otro; 16.300 según la entidad antisoberanista Societat Civil Catalana, que basó su cálculo en la formula "densidad por superficie", y en las informaciones obtenidas de la retransmisión del canal 3/24-TV3 y de su propia red de colaboradores, que trabajó a pie de calle para "ajustar el número real de metros cuadrados ocupados".

En el capítulo de las reacciones políticas, nada demasiado reseñable: los soberanistas con Mas, y los demás en contra. "Hoy muchos nos sentimos juzgados", dijo el president Puigdemont. Y Oriol Junqueras, su vicepresidente: "La democracia nunca debería ser juzgada". Para el lendakari Urkullu fue "un día triste". Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, soltó: "Decir que una movilización amedrenta es propio de quienes prefieren las dictaduras".

A medio camino se quedó Miquel Iceta (PSC), quien ve en el juicio del 9-N el "fracaso de dos gobiernos incapaces de dialogar". "Con este espectáculo nadie gana y todos perdemos", lamentó el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez.

El Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces criticaron abiertamente lo que consideraron un intento de presionar al tribunal del caso. Pero el PP quiso quitarle hierro a la marcha: "Ha sido sobre todo de cargos públicos. La Cataluña real estaba trabajando". A Mas se le juzga por "desobedecer" al TC, no por sus ideas.