Presentada la petición oficial

La Fiscalía Anticorrupción, favorable a reabrir la causa por la "caja B" del PP

El ministerio público considera que debe ampliarse el sumario tras declarar Francisco Correa, en el juicio de la "Gürtel", que medió en el cobro de comisiones

04.02.2017 | 02:32
Francisco Correa. // Reuters

La Fiscalía Anticorrupción apoya que se reabra el caso de la "caja B" del PP para imputar al antiguo propietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y a Francisco Correa, después de que ambos reconocieran en el macrojuicio de la "red Gürtel" el pago de comisiones por adjudicaciones de proyectos públicos.

El fiscal del caso presentó ayer su informe a favor de la petición que hicieron las acusaciones particulares, ejercidas por Izquierda Unida y Adade, para que García Pozuelo y Correa declaren ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.También pide la declaración de Plácido Vázquez, un empresario que supuestamente actuó de comisionista para Correa.

El juez cerró el sumario por la "caja B" del PP en marzo de 2015, tras levantar la imputación y archivarlo para 22 empresarios que aparecen como donantes del partido en las anotaciones manuscritas con las que el extesorero Luis Bárcenas llevaba la contabilidad paralela. Ninguno de los empresarios reconoció entonces haber pagado dinero al PP por contratos y, en aquel momento, no había ningún otro indicio contra ellos, circunstancia que cambió con las declaraciones de García Pozuelo y Correa en la vista oral del "caso Gürtel". El constructor pactó con la Fiscalía y confesó ante el tribunal haber pagado 1,5 millones en 2002 y 2003 a Bárcenas, Correa y al exdiputado del PP Jesús Merino a cambio de adjudicaciones públicas. Francisco Correa, por su parte, reconoció en el juicio que entregaba a Bárcenas comisiones de entre el dos y el tres por ciento, que los empresarios abonaban para conseguir obras en ministerios. El cabecilla de la red citó en su declaración a OHL, Dragados y al grupo ACS entre las empresas para las que hizo de mediador para conseguir contratos del PP. El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, llegó a estar investigado en el caso de la contabilidad B del PP, pero el juez también levantó esa imputación.

La contabilidad paralela del partido, cuya existencia Bárcenas reconoció en el juicio, refleja que García Pozuelo habría pagado al PP al menos 72.000 euros en el año 2000 y otros 90.000 más en 2003 y 2004, y Villar Mir otros 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.

El entonces juez instructor Pablo Ruz cree acreditado, según figura en el sumario sobre la "caja B", que el PP "se sirvió durante 18 años" -desde 1990 hasta al menos 2008- de varios sistemas de cuentas para mover entrada y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial que el partido presentaba ante el Tribunal Cuentas. En un auto de 190 folios, el juez concluye que existen "indicios sólidos y fundados" para llevar a juicio a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida-, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

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