El Gobierno no descarta tomar incluso medidas coercitivas para frustrar el referéndum soberanista en Cataluña. Aparte de recurrir inmediatamente ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria de la consulta, el Ejecutivo afirma que, llegado el caso, podría impedir la apertura de los colegios electorales.
Fuentes del Gobierno dejaron caer ayer esta posibilidad, con la que el gabinete de Mariano Rajoy no había amenazado nunca antes, en medio de una tanda de advertencias a los partidos independentistas y a la Generalitat a la que no es en absoluto ajena la exigencia de la CUP de que el referéndum, prometido para la segunda quincena de septiembre, se adelante a mayo.
Abusos de los gobernantes
Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que todos deben tener muy claro que nadie puede saltarse las leyes, y advirtió que "nos encargaremos de que así sea". Además, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó además que la Constitución española sirve para "poner freno a los abusos de los gobernantes", como en el caso del referéndum "ilegal" que se está promoviendo en Cataluña.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, puso la nota más amenazante: "Ya saben lo que a algunos les puede pasar si convocan referendos ilegales".
El propio Rajoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, criticó que haya políticos en Cataluña que quieran celebrar un referéndum "saltándose la ley". "Es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar. Eso no tiene sentido".
El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, avanzó que las medidas que tomaría el Ejecutivo serían "proporcionales", pero no quiso decir en que consistirían. "No sabemos qué medidas vamos a aplicar porque no sabemos hasta dónde van a llegar ellos y, mientras tanto, no sabemos qué medidas vamos a tomar a cada paso fuera de la ley que den ellos".
Entre tanto, al otro lado del frente de batalla, el presidente Puigdemont escribió en Twitter, en respuesta a las veladas amenazas del Gobierno: "La democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte".
Y la CUP llamó a los partidos, las instituciones y las entidades soberanistas que integran el Pacto Nacional por el Referéndum a explicar, en España y en el mundo, que "en el Estado español no hay democracia" y se impide a los catalanes votar.
Ese foro, nacido para promover un referéndum acordado, como quiere la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, celebró ayer su segunda reunión. A su término se acordó pedir reuniones con el Gobierno de Rajoy y con todos los partidos con representación en el Congreso para expresar una voluntad clara de "buscar el diálogo" a favor de una consulta pactada con el Estado.
