El Gobierno catalán no descartó ayer adelantar el referéndum soberanista, previsto en principio para la segunda quincena de septiembre, si antes de esa fecha se dieran circunstancias "excepcionales". Eso sí, la meta sigue siendo que la consulta pueda organizarse con "plenas garantías", ese es "el objetivo".

La CUP azuzó al Ejecutivo de Junts pel Sí (JxS) al plantear convocarlo para mayo, e invitó a Carles Puigdemont a aparcar la idea de pactarlo con el Gobierno central. Sin embargo, la portavoz del Govern, Neus Munté, dejó claro que "la fecha debe estar al servicio de la estrategia, de poderlo hacer y hacerlo bien".

Munté no dijo qué motivos "excepcionales" harían "oportuno" adelantar la consulta, pero los apuntó al decir que la "obsesión" con "la judicialización no parece frenarse", sobre todo, cuando el expresident Mas será juzgado desde el próximo lunes por organizar la consulta del 9-N.

Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía, fue aún más claro: el referéndum sería la "mejor respuesta" si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fuera inhabilitada.

La diputada "cupera" Eulàlia Reguant, como antes su compañera Anna Gabriel, insistió en la presión: "No hay ninguna excusa para dilatar el tema del referéndum. La piedra en el camino eran los Presupuestos y ya no está. Es hora de que Puigdemont y Junqueras pongan las cosas sobre la mesa, y a finales de marzo o principios de abril se ponga fecha".

La CUP dio su apoyo a las cuentas el pasado sábado, pero la aprobación en el Pleno del Parlament podría demorarse hasta un mes si los partidos de la oposición se deciden a pedir el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. Munté juzgó "irresponsable" esa actitud.

La portavoz también se quejó de las declaraciones del dirigente del PP Pablo Casado, que achacó a la Generalitat prácticas "totalitarias" y "xenófobas". Y ante estas declaraciones "vergonzantes", Munté se preguntó retóricamente cómo algunos aún no se expliquen "por qué tantos y tantos catalanes queremos marcharnos de un Estado así".

Casado se refería al caso del exjuez Santiago Vidal, que hubo de renunciar a su escaño en el Senado la semana pasada, tras afirmar que la Generalitat tiene "ilegalmente" los datos fiscales de todos los catalanes.

El partido VOX presentó una querella por este asunto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y ayer la corte eligió al magistrado Carlos Ramos, designado por el Parlament, como ponente para decidir si la acción judicial es admitida a trámite.

Pero, entre tanto, JxS y la CUP hicieron valer su mayoría en la Junta de Portavoces del Parlament para tumbar una petición de comparecencia de Puigdemont sobre el caso solicitada por C's y respaldada por el resto de los grupos de la oposición: PSC, PP y Catalunya Sí Que Es Pot. Las explicaciones las dará el vicepresidente Junqueras el próximo día 15, aprovechando una comparecencia en comisión ya prevista.