El rechazo a la independencia de Cataluña crece y aventaja al "sí" por 1,5 puntos de diferencia, según los resultados de una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat hecha pública ayer. Los partidarios del "sí" representan el 45,3% y los detractores, el 46,8%.

Pero estos porcentajes, advirtió el director del CEO, Jordi Argeleguet, no pueden extrapolarse al resultado que arrojaría un hipotético referéndum soberanista, y tanto por el factor de la participación como por otras variables.

Además, Argeleguet explicó que el sondeo -elaborado a partir de 1.047 encuestas telefónicas efectuadas entre los días 12 y 17 de diciembre- tiene un margen de error del 3,04%, lo que significa que hay "un empate técnico" entre partidarios y detractores de la independencia.

Aparte, un 36,1% de los encuestados se muestra partidario de un Estado independiente, seguido por un 29,2% que opta por un Estado catalán en el marco de una España federal, mientras que solo un 23,6% prefiere seguir como comunidad autónoma.

La encuesta también refleja que la coalición Junts pel Sí (JxS) volvería a ganar las elecciones catalanas si se celebraran ahora, pero podría perder hasta tres diputados y peligraría la mayoría absoluta independentista para gobernar, ya que la CUP se dejaría entre dos y cuatro diputados.

JxS pasaría de los 62 escaños actuales a una cifra situada entre los 59 y los 61; la CUP bajaría de 10 actas a entre 6 y 8; Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) subiría de 11 a entre 14 y 15, aunque pierde un 6,7% en intención directa de voto respecto a la encuesta del CEO de noviembre; C's se dejaría entre 1 y 3 de sus 25 actas, aunque subiendo algo en intención de voto directa; y el PSC incrementaría ligeramente su representación y pasaría de 16 a entre 17 y 18 diputados.

Por otra parte, JxS y la CUP anunciaron en un comunicado "un acuerdo político global" sobre la ley de transitoriedad jurídica, que busca amparar el referéndum anunciado para septiembre de 2017 y la "desconexión" de la "República" catalana del marco legal español. La norma -una de las tres leyes de "desconexión" del Estado, junto a la de hacienda pública y la de seguridad social catalana- define Cataluña como una "República de derecho, democrática y social".

Sin embargo, las fuerzas independentistas evitaron desvelar el contenido del texto acordado, conscientes de su previsible impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC).