La cumbre preparatoria del referéndum soberanista catalán concluyó ayer, después de tres horas de reunión, con el anuncio de un pacto cuyo "hilo conductor", dijo el president Puigdemont, será la búsqueda de una consulta "acordada con el Estado", pues es la herramienta más "idónea". Lo mismo que piensa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ayer su gran aliada. Nada dijo el mandatario de la otra posibilidad, el referéndum unilateral por el que aboga la CUP y que él mismo ha defendido en más de una ocasión como opción válida.

Puigdemont compareció al término de la cumbre, a la que asistieron más de 80 representantes de instituciones, partidos y entidades de la sociedad civil favorables al derecho a decidir, y sin aceptar preguntas de los medios, anunció que promoverá una campaña estatal y europea para buscar adhesiones a su propuesta.

El presidente de la Generalitat habló de la constitución de un pacto nacional por el referéndum que presentó como un "salto adelante" respecto al Pacto nacional por el Derecho a Decidir que presidía Joan Rigol. Y también de una comisión ejecutiva para llevar adelante la campaña en la que propuso que estén, entre otros, tres políticos del PSC o de su entorno: el exdiputado Joan Ignasi Elena, el exalcaldesa en Badalona Maite Arqué y la exconcejala en Barcelona Itziar González, además de dos exdiputados de ICV (ahora integrado en Catalunya Sí Que Es Pot).

La omisión de cualquier referencia al referéndum unilateral hizo salir enseguida al quite al vicepresidente y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras: "Nunca condicionaremos la democracia al hecho de que nos den permiso para defender el derecho a decidir, porque entonces sería derecho a pedir".

Pero la alcaldesa de Barcelona celebró la apuesta del president de "recuperar el referéndum acordado", porque cree que es la opción que genera más adhesiones en la población catalana. Para Colau, la consulta debe contar con "garantías para la ciudadanía y para los funcionarios que tengan que participar", para que "todos se sientan llamados a participar: los del 'sí', los del 'no' y los que no lo consideran prioritario". "No sería útil repetir un 9-N", advirtió la regidora barcelonesa.

La advertencia no podía haber sido hecha en un día más propicio, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña puso ayer fecha al juicio a Artur Mas por la convocatoria y celebración, precisamente, de esa consulta. Pero ese no fue el único pronunciamiento judicial de la jornada. Además, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la creación de las tres ponencias conjuntas del Parlament que elaboran las denominadas "leyes de desconexión" con el Estado, al estimar los recursos de C's y el PSC.

La anulación de las tres ponencias supone la anulación de los trabajos de redacción de las tres leyes. El fallo del TC considera que los grupos del Parlament que no querían participar en los trabajos de redacción de las tres normas (de transitoriedad jurídica y de creación de la seguridad social y la hacienda catalanas) "quedaron vulnerados" con la creación de ponencias conjuntas en las que solo participaban dos grupos (Junts pel Sí y la CUP) de los seis que hay en el Parlament.

En otra sentencia, la corte de garantías falla que la acción exterior de la Generalitat catalana no puede invadir las competencias del Gobierno, aunque quepa una cierta presencia internacional del Ejecutivo autonómico siempre dentro de los límites constitucionales.