Los hogares "extremadamente vulnerables" a la pobreza energética no se quedarán sin suministro eléctrico a tenor de los términos del acuerdo suscrito ayer entre el Gobierno y el PSOE para modificar de forma urgente la ley del sector, reforma que deberá sustanciarse en el plazo de tres meses. El pacto incluye introducir cambios en los que se conoce como "bono social", por el que las empresas eléctricas se reparten los 200 millones del coste del suministro a los usuarios que no pueden hacer frente al mismo. La sentencia contra la fórmula actual obligará al Gobierno a aprobar en breve un Real Decreto para diseñar otro sistema. El nuevo modelo repartirá el coste -un descuento del 25 % en la factura de determinados colectivos- entre todas las comercializadoras eléctricas. Ello supone ampliar el número de empresas que deberán pagarlo, aunque la mayor parte seguirá recayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por su sus cuotas de mercado.

Después de semanas de negociaciones con los grupos parlamentarios, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, presentó ayer junto al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, un acuerdo para cerrar la financiación del bono social, del que se benefician 2,6 millones de hogares, siete millones de personas en total. Esta ayuda estará ligada al nivel de renta y se ampliará para hacer frente a una parte de las facturas impagadas por consumidores "extremadamente vulnerables", que ahora costean ayuntamientos y comunidades autónomas. A partir de aquí habrá que definir quiénes son consumidores vulnerables, además de los "extremadamente vulnerables", y desarrollar los reglamentos para prohibir los cortes de luz con la introducción de ese principio en el artículo 42.J de la ley del sector eléctrico. Determinar esos perfiles de vulnerabilidad será una de las claves de la futura normativa, según representantes del sector eléctrico, reacios a afrontar en solitario el coste de las medidas sociales proyectadas.

El acuerdo entre el Gobierno y los socialistas recibió ayer la crítica de Ciudadanos y de Podemos. El partido de Rivera se arroga el mérito de la iniciativa, de cuyo pacto final quedó excluido. La portavoz de Energía de C's, Melisa Rodríguez, reprochó al Gobierno que haya tardado ocho años en atender un problema surgido con la crisis y que ahora se apoye en "el bipartidismo rancio" para solventarlo.

Más contundente, desde Podemos su secretario general, Pablo Iglesias, arremetió contra un acuerdo que constituye un "lavado de cara" porque todavía "no han puesto nada encima de la mesa". Iglesias lamenta que el Ejecutivo de Rajoy no haya tomado ninguna medida para que durante este invierno ninguna familia española pueda sufrir un corte de luz. Para el líder de Podemos, es "una vergüenza" que se produzcan interrupciones de suministro mientras "expresidentes y exministros del PP y del PSOE" forman parte de los consejos de administración de las compañías eléctricas.

Una treintena de organizaciones sociales se sumó anoche a un apagón convocado en sesenta ciudades españolas, que estuvo acompañado de manifestaciones de protesta contra las "tarifas abusivas" de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos.