El Gobierno achaca al impacto presupuestario el ejercicio de su capacidad de veto a las iniciativas parlamentarias de la oposición. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cifró en más de 15.000 millones el coste de muchas de las propuestas llegadas al Congreso a cuya tramitación se opuso el Ejecutivo porque "alguien tiene que ser responsable". Fue su respuesta a las críticas de la oposición por lo que, considera, supone limitar las facultades de la Cámara Baja. "Utilizan la Constitución como la pala con la que cavar la última trinchera en la que poder seguir gobernando como si tuvieran mayoría absoluta sin tenerla", le reprochó ayer la representante de Podemos, Carolina Bescansa, durante la sesión de control al Gobierno.
En los cincuenta días transcurridos desde su llegada, el Ejecutivo de Rajoy vetó una media de una iniciativa cada tres días, algo que "no tiene precedentes ni explicación", según Bescansa. A su juicio se trata de un "secuestro" la función legislativa del Congreso y cercenar sus facultades para reordenar la distribución de los recursos públicos.
El Ejecutivo "no secuestra nada", contestó la vicepresidenta, algo comprobable después de que el Congreso debatiera dieciocho proposiciones de ley en esta legislatura. El veto gubernamental a las proposiciones de ley de la oposición responde a su pretensión de "proteger" la Ley de los Presupuestos Generales del Estado preservando los 15.000 millones de euros que supondrían aplicar las propuestas planteadas, detalló Sáenz de Santamaría. Esa cifra equivale a la mitad del dinero del conjunto de los ministerios de la Administración General del Estado por lo que "alguien tiene que ser responsable; en este caso será el Gobierno del PP", afirmó la segunda de Rajoy.
La vicepresidenta garantizó también que el Ejecutivo mantiene su compromiso de suprimir los aforamientos de cargos públicos. Sin embargo, esa modificación obliga a una reforma constitucional que hay que "acompasar" también con otros cambios legislativos.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, defiende una reforma "exprés" de la Carta Magna para acabar con el blindaje legal de los representes institucionales, similar a la adoptada en su día para dar prioridad al pago de la deuda pública. Ahora hay 2.000 aforados entre cargos públicos y electos, 15.000 entre jueces y fiscales y otros 263.000 parciales de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, según las cifras de la vicepresidenta. El cambio constitucional sólo suprimiría 650 aforamientos. Para llegar a la totalidad de los 2.000 que ejercen responsabilidades políticas hay que "analizar y acompasar" la reforma de la Constitución con la reforma de 19 estatutos de autonomía y varias leyes
