Miembros de la Mesa avisaron a Carme Forcadell de que incurría en una ilegalidad

Los socialistas respaldarán que no se suspenda a quien desobedezca al TC

20.12.2016 | 02:49
José María Espejo-Saavedra, en el momento ir a declarar. // Efe

Los representantes de Ciudadanos y el PSC en la Mesa del Parlament declararon ayer ante el juez que advirtieron a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, de que iría en contra del Constitucional si permitía debatir y votar la hoja de ruta independentista anulada por el alto tribunal.

El vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, y el secretario segundo, David Pérez, de los socialistas catalanes, comparecieron como testigos ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a Forcadell por prevaricación y desobediencia al TC, al permitir que el pleno votara el 27 de julio las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

También testificó el secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que es Pot-Podemos), quien sostuvo ante la juez que la presidenta de la Cámara aplicó el reglamento y no podía impedir la votación de la hoja de ruta porque la había acordado el pleno.

Cambio de ley

El PSOE apoyará hoy en el pleno del Congreso la toma en consideración de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que plantea el PNV. La iniciativa de los nacionalistas vascos de orienta sustituir por una multa en vez de suspensión la negativa de cargos públicos o funcionarios a aplicar sus resoluciones. El PNV propone "imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados". Con el voto de los socialistas, la reforma tiene opción a seguir adelante, algo que no ocurrirá con la que defiende la antigua Convergència, que se limita a derogar los cambios que el PP introdujo unilateralmente en 2015 en la ley del alto tribunal.

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