El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se faculta a ese tribunal a suspender o sancionar a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones.
Los votos del PSOE, de Unidos Podemos y de las formaciones nacionalistas han superado el rechazo del PP y de Ciudadanos y han permitido poner en marcha el proceso para derogar la reforma de la ley del TC aprobada en 2015, en pleno auge del desafío soberanista catalán, gracias a la mayoría absoluta que entonces tenía el PP.
Una norma cuya constitucionalidad ha avalado el propio tribunal en una sentencia reciente (aunque con tres votos particulares) y que le concede potestad para obligar a acatar sus resoluciones mediante la adopción de medidas cautelares y, singularmente, la suspensión en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que le desobedezcan.
Por el contrario, se ha rechazado una iniciativa con idéntico objetivo presentada por el PDeCAT, la antigua Convergencia, dado que en este caso los socialistas han preferido abstenerse y no se han logrado los votos suficientes para pasar el filtro del Congreso.
La iniciativa del PNV pretende también derogar la anterior reforma de esa ley, aquella que recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad en las reformas estatutarias, pero en ese apartado no tendrá éxito, pues los socialistas no están de acuerdo y ya han anunciado que presentarán enmiendas para eliminarla del texto.
Los portavoces que se han manifestado a favor de la toma en consideración han subrayado que la reforma convierte al Constitucional en un tribunal político y lo utiliza por miedo al debate soberanista en catalán.
Un reto que han puesto sobre la mesa tanto Lourdes Ciuró (PDeCAT) como Ester Capella (ERC), quienes han cerrado sus respectivas intervenciones con un mensaje claro: "O referéndum o referéndum".
El impulsor de la proposición de ley, Mikel Legarda, del PNV, ha advertido de las "graves consecuencias" que puede tener la aplicación de esta ley si no es derogada, consecuencias "desconocidas" hasta el momento y una "hecatombe jurídica y política" si se suspende a un cargo público elegido en las urnas sin mediar un proceso penal.
Ha encontrado el apoyo del PSOE, dado que, en palabras de su diputado Gregorio Cámara, la reforma fue innecesaria y una "gran irresponsabilidad" con motivo de las últimas elecciones autonómicas catalanas.
Ha citado el parlamentario al expresidente del Consejo de Estado y exvicepresidente del Constitucional Francisco Rubio Llorente, quien advirtió de que esa reforma situaría sobre el tribunal "una carga política que terminará por aplastarlo".
También ha votado a favor Unidos Podemos, pues, en palabras de su portavoz, Íñigo Errejón, el PP ha optado por utilizar el Constitucional "como un garrote" ante la ausencia de una respuesta de país a lo que está ocurriendo en Cataluña.
Errejón ha dicho al Ejecutivo que, con medidas como esta, no refuerzan al Constitucional, sino que lo debilitan, dado que al tiempo que le dan "más fuerza", le quitan "prestigio" y legitimación.
Para el PP, sin embargo, la actual redacción de la ley tiene un "efecto disuasorio" contra aquellos que quieren romper el orden constitucional o van contra la ley, pues les muestra que "no hay impunidad"
El portavoz adjunto del grupo del PP Carlos Rojas ha manifestado que las suspensiones y sanciones que puede adoptar el TC tienen carácter "preventivo" y no "punitivo".
Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha opinado que quienes deben temer a la actual redacción de la ley son quienes la incumplen, quienes lo que quieren "es desacatar al Tribunal", como a su juicio ocurre con los soberanistas catalanes.
