El debate de la hoja de ruta independentista en el Parlamento catalán fue "un acto político" sin trascendencia jurídica. La presidenta de la cámara, Carme Forcadell, defendió ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la inviolabilidad de la institución y su derecho a debatir sobre el soberanismo. Forcadell compareció como investigada por un posible delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), proceso que puede desembocar en su inhabilitación.
La cita judicial de la presidenta del Parlamento catalán se convirtió en una nueva manifestación del independentismo. Forcadell llegó a la sede del TSJC arropada por unas tres mil personas, cargos públicos y soberanistas al frente de las cuales destacaban el vicepresidente Oriol Junqueras y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.
La Fiscalía se querelló contra la presidenta de la cámara por prevaricación y desobediencia al TC, por permitir que el pleno del 27 de julio pasado votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abre la puerta a una vía unilateral a la independencia. Forcadell se negó a responder a las preguntas de la juez instructora y del fiscal, a los que reprochó que no defendieran la inviolabilidad del Parlamento. En su comparecencia, la presidenta se ciñó únicamente a responder a una lista de 25 preguntas de su abogado.
Dos informes jurídicos del Parlamento avalaban, según sostuvo, la legalidad de la votación de las conclusiones del estudio constituyente, algo que debe considerarse un acto de "adhesión ideológica" sin efectos jurídicos. La inhabilitación en que podría desembocar este proceso judicial sería "un ataque tan grande a la democracia que es inconcebible", según Forcadell, quien acusa al Estado de "utilizar el poder judicial" para forzar que la cámara catalana se "autocensure".
Con similares argumentos, el expresidente Mas criticó que la presidenta tenga que declarar "por dejar hablar y votar en un Parlamento" mientras se archiva la causa por conspiración contra el exministro Jorge Fernández Díaz.
Desde el Gobierno central, su portavoz el ministro Íñigo Méndez de Vigo, defendió la independencia de una justicia que "no responde a presiones ni manifestaciones". Para Enric Millo, delegado del Ejecutivo en Cataluña, la concentración frente al TSJC en apoyo a Forcadell no fue un acto "a favor de la democracia, sino de la desobediencia".
Ciudadanos y el PP manifestaron ayer sus satisfacción por ver a Forcadell comparecer en sede judicial. El popular Xavier García Albiol considera "reconfortante" un proceso que "demuestra que el Estado de derecho funciona".
Desde una posición contraria, para el líder del PSC, Miquel Iceta, la de ayer fue "una situación fruto de cinco años de falta de diálogo entre las instituciones catalanas y españolas". "La incapacidad de los presidentes Mariano Rajoy, Artur Mas y Carles Puigdemont nos ha arrastrado a esta situación, que no es buena para nadie", añadió Iceta.
El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), José María Álvarez lamenta que se aborde por vía judicial "lo que corresponde a la política". Desde Podemos, a Pablo Iglesias le disgusta que se juzgue a Forcadell pero "todo el mundo tendrá que obedecer lo que diga el tribunal".
