La Junta de Andalucía reclama a una serie de empresas dedicadas al sector de la formación el reintegro de un total de 143 millones de euros correspondientes a ayudas públicas cuyo destino no ha sido justificado debidamente.

El Ejecutivo autonómico inició hace algo más de tres años, según ha informado el diario Público, una investigación interna para sacar a la luz si hubo fraude en la concesión de ayudas públicas para la formación.