Concejales de ERC, la CUP y de Demòcrates de Catalunya, trabajarán el festivo 6 de diciembre, Día de la Constitución, como forma de rechazo simbólico a la Carta Magna. Se repiten así lo ya ocurrido el 12 de octubre, cuando varios ayuntamientos catalanes decidieron abrir sus puertas, algunos de ellos, como el de Badalona, haciendo caso omiso de la suspensión cautelar dictada por un juzgado de Barcelona.
A diferencia de su predecesora, el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, no actuará contra los cargos electos que decidan trabajar el Día de la Constitución y sólo intervendrá si se obliga a los empleados públicos a acudir a su puesto de trabajo. "Si hablamos de funcionarios, la cosa cambia", advierte Millo, cuyo primer objetivo es mejorar las relaciones con las instituciones catalanas.
En esa misma línea de suavizar tensiones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Gobierno "estaría cómodo" con una nueva definición de Cataluña dentro de los conceptos que establece la Constitución entre "comunidades autónomas, nacionalidades y regiones". Sin embargo, esa revisión no puede desembocar en un debate que lleve a la "desigualdad de los españoles". El ministro apunta que "puede ser un camino para que las comunidades autónomas encuentren un mejor encuadre dentro de la Constitución. Tendrán que ser ellas las que decidan cómo quieren encontrarse. Nosotros con lo que sea coherente con la doctrina constitucional vamos a estar cómodos".
