La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió ayer la posibilidad de reformar la Constitución, a condición de que se haga con "prudencia" y "paso a paso" hasta lograr un texto de "consenso" como fue el conseguido en 1978 y teniendo cuidado de "no abrir debates que después no se puedan cerrar".

Santamaría, que es también responsable de Presidencia y Administraciones, compareció ante la comisión constitucional del Congreso para explicar los planes de su departamento en la legislatura que comienza.

La "número dos" del Gobierno constató las dificultades que se presentan en la actualidad para lograr un acuerdo, debido a las posiciones dispares de los grupos en asuntos como el reconocimiento del derecho de autodeterminación, a menudo calificado como derecho a decidir. Al respecto reiteró la posición contraria del Gobierno a un referéndum en Cataluña, pero ratificó la oferta de diálogo a la Generalitat sobre otras cuestiones.

Después de que el socialista Gregorio Cámara defendiese una reforma constitucional para buscar una solución al problema catalán, Santamaría le preguntó qué es lo que quiere cambiar para que el Estado de las Autonomías tenga el "perfil federal" que reclama el PSOE y le pidió que aclare si lo que defiende es un "federalismo simétrico o asimétrico".

Igualmente, emplazó al portavoz socialista a aclarar si el PSOE apuesta por la "federalización" del Poder Judicial y qué parte del modelo de financiación autonómica quiere incluir en la Carta Magna, algo que, a su juicio, podría "petrificarla".

A este respecto, el portavoz de En Podem Comú en el Congreso, Xavier Domènech, alertó a la vicepresidenta de que España sufre una clara crisis territorial y de que el Estado autonómico está "agotado" en la medida en que aquellos territorios para los que se creó, como Cataluña, ya lo ven superado.