04 de noviembre de 2016

El TC podrá suspender a los cargos que no acaten sus resoluciones

El alto tribunal, con un nuevo mecanismo de freno al independentismo, asume el poder ejecutorio que le atribuye la reforma del PP

04.11.2016 | 02:13
Homs deja su suplicatorio en manos de la oposición | El portavoz de PDECat en el Congreso, Francesc Homs (en la foto, ayer), confía en que los partidos que apoyan la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la llamada "operación Cataluña", como el PSOE, ERC o Unidos Podemos, rechacen también ahora su suplicatorio por la consulta del 9 de noviembre.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) podrá suspender a aquellos cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones. Esta asunción de competencias ejecutorias es el resultado de la reforma propuesta por el Gobierno del PP con el rechazo de todos los grupos de la oposición.

La modificación pretende disponer de un nuevo mecanismo legal para frenar las pretensiones del independentismo. Una de las potenciales afectadas por esta decisión es la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, investigada por presunta desobediencia al permitir el debate y votación de la "hoja de ruta" de la ruptura con España.

El pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer por ocho votos a tres el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la reforma de la ley orgánica que rige el propio órgano (LOTC), y que está dirigida a reforzar sus facultades para hacer que se cumplan sus resoluciones. El Constitucional tiene pendiente resolver otro recurso similar presentado por la Generalitat.

Unanimidad rota

La votación sobre el recurso vasco rompe la unanimidad del Constitucional en sus resoluciones dictadas hasta ahora sobre el proceso soberanista catalán.

La resolución se produce en contra del criterio de tres magistrados, quienes presentarán voto particular argumentando que dos de las medidas impugnadas, concretamente la suspensión de funciones de autoridades y empleados públicos y la ejecución sustitutoria de las resoluciones del Tribunal Constitucional, son contrarias a la ley fundamental.

La decisión, según los discrepantes, limita el alcance garantista del alto tribunal y reduce la autonomía política.

La vicepresidenta Adela Asúa y los magistrados Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re no comparten el método seguido para enjuiciar la norma impugnada ni las conclusiones de la mayoría. Los discrepantes consideran que los fundamentos de la sentencia se basan en una argumentación superficial incompatible con la naturaleza y la gravedad de los reproches de inconstitucionalidad alegados por el Gobierno vasco.

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