El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella contra el embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, por el atentado contra la embajada española en Afganistán, perpetrado el 11 de diciembre de 2015, en el que murieron dos policías nacionales y resultaron heridos otros siete. La querella, presentada por los familiares de los agentes, es por dos delitos de homicidio imprudente y otros siete en grado de tentativa.
Los agentes muertos fueron Isidro Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela. Junto a ellos también fallecieron diez ciudadanos afganos miembros del personal de seguridad de la legación. El juez Pedraz investigará también al segundo máximo responsable de la legación, Oriol Solá.
La querella acusa a Pérez de Agreda de no atender "nunca" las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad para la Embajada, que se remontan al inicio de su construcción, en 2008. Los denunciantes aseguran que las deficiencias también se comunicaron a Exteriores y que la mañana del día en el que se perpetró el atentado se alertó, por parte de los servicios secretos franceses, del riesgo de ataque. "Esto debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas" que hubieran evitado la explosión de un coche bomba en los muros de la legación, dicen los familiares.
Las instalaciones de la Embajada, con garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, no eran las adecuadas para el lugar donde se encuentra, añade la querella, en la que se destaca que la sede diplomática está, además, a diferencia de la residencia del embajador, fuera del perímetro de seguridad de Kabul, en un barrio "rodeado de casas de militares y de señores de la guerra".
