El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará la reforma de la ley que le permitirá sancionar a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Fuentes jurídicas explicaron que este asunto será debatido en el pleno de esta semana, que se celebra mañana y el jueves, después de que la magistrada Adela Alsúa, partidaria de declarar inconstitucional esta reforma, renunciara a la ponencia de la resolución al comprobar que no contaba con el apoyo del pleno.
Así, Alsúa ha sido sustituida por Pedro González Trevijano como ponente de la resolución, que, según las fuentes consultadas, avala la reforma del TC que le permitirá suspender de sus funciones a autoridades y altos cargos públicos de la administración si desobedecen sus resoluciones.
La sentencia de González Trevijano contará con el visto bueno de la mayoría del pleno pero, según las fuentes, supondrá una ruptura en la unanimidad que ha seguido el tribunal en lo relativo al soberanismo catalán.
Tribunal de Estrasburgo
Pérez de los Cobos, indican las fuentes, no quiere que la resolución de estos recursos interfiera en el próximo dictamen del Consejo de Europa, del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
A él consultó el TC, a través de la Comisión Venecia, sobre la validez de los incidentes de ejecución previstos para casos de desobediencia de sus sentencias como los ocurridos con la Generalitat de Cataluña.
Entre tanto, la presidenta del Parlament ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de investigarla por desobediencia al permitir votar la hoja de ruta soberanista, alegando que no se puede prohibir el debate parlamentario porque "ni existe ni puede existir un 'debate de ideas ilegal'".
En su escrito, Carme Forcadell rechaza la decisión del Tribunal Superior catalán de investigarla, a instancias de la Fiscalía, por los delitos de prevaricación y desobediencia al TC, al remarcar que esta institución "no puede obligar a nadie a controlar las opiniones y la actividad política". La presidenta de la Cámara dice en su reForcadell alega ante el TSJC que no se puede prohibir el debate de ideas curso que "no existe norma penal (ni puede existir) que prohíba el debate parlamentario", ni "existe ni puede existir un 'debate de ideas ilegal' como el que el Ministerio Fiscal insinúa".
