La senadora del PP y ahora en el Grupo Mixto Rita Barberá tendrá que declarar como imputada ante el juez del tribunal que instruye causa contra ella por un supuesto blanqueo de dinero en su etapa de alcaldesa de Valencia. Barberá comparecerá voluntariamente el 21 de noviembre ante el magistrado Cándido Conde Pumpido, quien tras interrogarla, tendrá que decidir si pide al Senado el suplicatorio para actuar contra ella o archiva la causa.

La indagación judicial se centra en determinar si la senadora popular participó de la práctica de financiación ilegal del partido conocida como "pitufeo", consistente en hacer una aportación formal de mil euros a las arcas de la organización y recibir a cambio dos billetes de quinientos euros presuntamente procedentes de comisiones ilegales. Por su vinculación con esta práctica están ya imputados la totalidad de los miembros de su grupo en la corporación valenciana en su etapa de alcaldesa. La investigación se centra en varios ingresos en una cuenta a nombre del grupo municipal del PP en Valencia por un importe superior a 200.000 euros. Como responsables de los ingresos figuran 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre ellas Rita Barberá.

La causa abierta por el Supremo se apoya en el informe favorable del fiscal y deriva de la exposición razonada que envió al alto tribunal el Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia, que investiga el denominado Caso Imelsa. En el auto que abrió la causa contra Barberá el Supremo destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el juzgado pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. "Resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla", resolvió el Supremo.

La causa apunta hacia la secretaria del grupo, María del Carmen García-Fuster, que era la persona que operaba con las cuentas bancarias. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado. El conocido como "caso Imelsa" tiene su origen en una investigación sobre determinadas irregularidades en la Concejalía de Cultura y la Diputación Provincial, así como en la empresa pública Imelsa. En procedimiento se captó una conversación telefónica en la que se aludía a un ingreso mediante transferencia bancaria en una cuenta del grupo popular del Ayuntamiento, donativo que fue reintegrado con dos billetes de 500 euros. En esa conversación se mencionaba a la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento como la persona que habría entregado los billetes, y se citaba también a Rita Barberá.

La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas investigadas, además el PP como persona jurídica.

Por su parte, el PP ignoró la decisión del Tribunal Supremo de citar a declarar en calidad de investigada a Rita Barberá y se han limitado a asegurar que ya "está fuera" del partido, según han indicado a fuentes "populares".