El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de diez proposiciones de ley presentadas por partidos y parlamentos autonómicos alegando que afectan a ingresos o gastos presupuestarios. Entre ellas figuran la suspensión de la LOMCE, la supresión de tasas judiciales o el pleno acceso de inmigrantes a la sanidad pública con independencia de su situación legal