El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó ayer el auto de apertura de juicio oral contra el expresident Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por los delitos de desobediencia y prevaricación por la consulta del 9-N, pero no por malversación, con lo que se descartan penas de prisión.
El magistrado instructor de la causa, José Francisco Valls, ordena juzgar a los tres políticos por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) e incurrir en prevaricación administrativa. Mas se enfrenta, en calidad de autor, a diez años de inhabilitación; Rigau y Ortega, como cooperadoras necesarias, a nueve.
Entre tanto, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, firmó ayer el suplicatorio que este tribunal acordó pedir al Congreso para actuar contra el diputado y exconsejero de Mas Francesc Homs por los mismos hechos. Como sus tres correligionarios, Homs no será juzgado por malversación.
Por otro lado, la Fiscalía de Barcelona ve un posible delito de desobediencia en la decisión del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) de abrir al público el 12 de octubre, pese a que un juez se lo había prohibido, mientras el Consistorio invoca el derecho a la libertad ideológica consagrado en la Constitución.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, avaló que su partido en Badalona estudie una moción de censura contra la alcaldesa, Dolors Sabater (Guanyem Badalona En Comú), por haber abierto el Ayuntamiento desoyendo una orden judicial.
Iceta dijo que el PSC hablará con todos pero en ningún caso convertirá en alcalde al líder del PP catalán y presidente del grupo popular del Ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol, exregidor de la localidad.
