El juez de instrucción Álvaro Martín ha rechazado la petición del PP de que se le conceda más tiempo para presentar su escrito de acusación en la pieza política del caso de los ERE, en la que están procesados 26 ex altos cargos socialistas, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla asegura que no va a modificar el plazo que había fijado, que concluye el viernes 14 de octubre y que, con el día de gracia habitual en el mundo judicial, se podría prolongar hasta el lunes 17.
El PP hizo su solicitud de más tiempo en un recurso de reforma y la basaba en que no podían presentar su escrito porque no disponían de información requerida a la Junta de Andalucía.
El juez, sin embargo, afirma que no faltaba esa documentación, y explica que el PP puede solicitar más información como medio de prueba en la fase de enjuiciamiento.
También rechaza el juez que el PP no disponga de las actuaciones judiciales ya foliadas, que según el magistrado tienen a su disposición desde el 28 de julio pasado.
El PP había pedido copia de las declaraciones en esta causa en forma audiovisual para interpretar el lenguaje no verbal de los declarantes, aunque el juez apunta que "ya se le dio traslado en forma de audio".
En este sentido, el instructor considera que "ha de desestimarse la consideración de que el lenguaje verbal, única justificación para pedir el vídeo, sea de especial trascendencia".
"El contenido de las declaraciones es el recogido en el audio y su análisis gestual, caso de ser pertinente, corresponderá al tribunal enjuiciador, sin que exista merma en el derecho de acusación por la negativa a disponer del vídeo", concluye el juez.
Seis altos cargos procesados
Por otra parte, el juez de instrucción Álvaro Martín ha concluido la tercera pieza del caso de los ERE con 16 procesados, seis de ellos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, por la ayuda de 2,3 millones de euros concedidos entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de Surcolor, dos de ellos trabajadores "intrusos".
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla imputa los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación a los acusados, los mismos que en las otras dos piezas finalizadas de los ERE, un caso que la juez Mercedes Alaya empezó a instruir en 2011.
En la tercera pieza, el juez procesa a los ex altos cargos Antonio Fernández, consejero de Trabajo; al viceconsejero Agustín Barberá; a los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, y al exdelegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas.
Los cinco primeros están también procesados en las otras dos piezas acabadas: la de Acyco (empresa que recibió 3,2 millones) y en la denominada política, con 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En la pieza de Surcolor, el juez considera que existe "una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos".
De esta forma, el juez se refiere a la inclusión en el ERE de dos "intrusos" o trabajadores que nunca trabajaron en la empresa, que también están imputados.
Uno de ellos es Juan Manuel López, militante del PSOE y esposo de una concejal socialista de Camas (Sevilla), al que se le pagaban 1.200 euros al mes, y el otro José Antonio Márquez, concuñado del delegado de Empleo Antonio Rivas, con una asignación de 1.300 euros mensuales.
El magistrado reprocha a los imputados que dictaran "resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones".
En Surcolor, el juez también incluye al "conseguidor" Juan Lanzas, que medió para incluir a los dos "intrusos" y para firmar la póliza para pagar a los trabajadores; a dos directivos de la empresa, Manuel Rafael Castilla y Antonio Manuel Bustamante, y al testaferro Juan Francisco Algarín, que permitió a Lanzas cobrar 118.752 euros.
Además, el juez acusa al abogado Carlos Leal como miembro de Estudios Jurídicos Villasís, empresa que recibió 20.000 euros como gestor de los despidos y de la ayuda sociolaboral y que calificó como "práctica habitual" la inclusión de intrusos, según el juez.
El instructor también acusa a los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo por participar en la gestión de la póliza de seguro firmada, a pesar de carecer de autorización para ejercer como correduría de seguros, y de los cálculos para los intrusos, lo que conocía otro imputado, el sindicalista José Hurtado.
