El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, que fija en 35 horas semanales la jornada laboral de los funcionarios de la Administración autonómica. El Gobierno de la comunidad dijo que acata la sentencia, pero lamentó que "esta medida encaminada a mejorar la calidad de los servicios públicos no se pueda llevar a cabo".
