Un árbitro en la melé

La comisión de garantías, encargada de resolver las discrepancias estatutarias, está marcada por la misma división que el resto del partido

01.10.2016 | 02:40
María Jesús Montero, ayer, a su llegada a Ferraz. // Efe

Sobre a comisión de ética y garantías pivota la confrontación interna del PSOE en su vertiente estatutaria. ¿Tiene legitimidad la actual Ejecutiva o ha de dejar paso a una gestora tras la dimisión de diecisiete de sus miembros? Los miembros de la dirección leales a Sánchez consideran que están en funciones y que los estatutos no abren la vía a una gestora, como sí ocurre en otros niveles orgánicos del partido como la agrupaciones locales. En cambio, los críticos consideran que la Ejecutiva está deslegitimada y ya no reconocen su mandato. Para dar forma legal a esta postura, insisten desde el jueves en que se reúna la comisión de garantías y resuelva la discrepancia. Saben de antemano que el dictamen será favorable a su postura, porque tienen mayoría en el órgano arbitral, y su objetivo es someter la resolución a la consideración del comité federal al inicio de la reunión de hoy. Tres miembros del comité refrendaron ayer la postura de los críticos. Sin embargo, ese es un dictamen todavía unilateral al rechazar la presidenta, Isabel Celáa, en la línea de Sánchez, que el comité se reúna hasta después del Comité Federal.

Cumpliendo su advertencia de la víspera, los tres miembros críticos entregaron ayer un dictamen en el que resuelven que, "sin ningún genero de dudas", una vez disuelta la ejecutiva federal por la dimisión de la mitad de sus vocales, el partido tiene que designar una gestora para que asuma la dirección. El escrito añade que a la gestora se le atribuirán "las funciones que se considere necesario" y un plazo para desarrollarlas. Los tres firmantes del dictamen son María Jesús Montero, consejera de Hacienda en el gobierno de Susana Díaz, Inés Ayala, europarlamentaria en la órbita del presidente aragonés Javier Lambán y Wilfredo Jurado, con estrecha vinculación a Tomás Gómez, el secretario general de los socialistas madrileños defenestrado por Sánchez.

La Ejecutiva en funciones niega validez al dictamen porque la reunión de la comisión de ética y garantías no ha sido convocada formalmente, algo que solo puede hacer la presidenta del órgano y no sus otros miembros. El quinto integrante de la comisión es Félix Bolaños, que ejerce de secretario, y que es asesor de Sánchez en temas legales.

Celaá convocó una reunión para hoy al término del comité federal, pero no para deliberar sobre la legitimidad de la ejecutiva federal, sino para ordenar el proceso de recogida de avales en caso de que salga adelante la propuesta del congreso que se someterá al máximo órgano entre congresos.

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