Francesc Homs, diputado en el Congreso del Partit Demòcrata Català (PDC, antigua Convergència), declaró ayer durante casi dos horas ante el Tribunal Supremo (TS), que le investiga por la convocatoria y celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, cuando él era consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Artur Mas. Un proceso que en opinión del parlamentario carece de "garantías judiciales" y en el que ya se da por "condenado", pues la Fiscalía actúa "a voluntad del PP".

Después de deponer ante el Supremo, donde negó haber desobedecido la resolución del Tribunal Constitucional (TC) -que calificó de "inconcreta"-, y sólo contestó a las preguntas de su abogado y del juez, pero no a las del fiscal -que quiere que se le imputen delitos de prevaricación, malversación y desobediencia-, Homs se despachó a gusto contra la justicia "política" que se le aplica en una rueda de prensa en la delegación de la Generalitat en Madrid.

La teoría de Homs es que su encausamiento, como el de Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau, imputadas por la misma causa en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), persigue dar "un escarmiento" para desactivar el proceso soberanista. Pero auguró que el efecto en las instituciones y los partidos catalanes será "al revés".

Gregario del Ejecutivo

En sus críticas a la causa judicial, cuyo siguiente paso podría ser la petición del suplicatorio al Congreso para imputarle (algo que él da por seguro), Homs se cebó especialmente en la Fiscalía, al considerar que actúa como "brazo armado" del Gobierno en funciones y mantiene "una actividad gregaria" hacia él.

"Mi sensación es que se trata de un proceso político, no jurídico, en donde el derecho es el pretexto, pero se quiere otra cosa", denunció, antes de apuntar, en catalán pero no en castellano, que cree que la sentencia será "condenatoria". A su juicio, por el tono de las preguntas de los magistrados y la sintonía entre éstos y la Fiscalía, ha quedado demostrado que "la sentencia está hecha antes de empezar". Es lo "propio de un proceso político".

Eso sí, avisó, "políticamente", la sentencia no se acatará. Al principio no dijo quiénes desobedecerán, pero después avanzó que "las instituciones y los partidos catalanes", en vez de verse escarmentadas, darán una contestación "al revés".

Después desgranó los argumentos en los que basó su declaración: que el 9-N el Gobierno catalán actuó conforme a la legalidad y al mandato democrático del Parlament, y que aquel Gobierno del que formó parte trabajó por garantizar los derechos de participación de la ciudadanía, así como su libertad de expresión y de ideología.

En contraposición, la actuación del Ejecutivo del PP, hoy en funciones. Para Homs, hay varias pruebas de ello, y citó dos: el criterio distinto entre la Junta de Fiscales en Cataluña, que no vio los delitos citados, y la Fiscalía General, lo que tuvo como colofón la dimisión de su anterior titular, Eduardo Torres Dulce.

Un aspecto destacado de la declaración de Homs ante el TS fue el respaldo que le dieron diputados de otros partidos con su presencia. Así, además de Mas, la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, todos del PDC, le arroparon Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNV) o Marcelo Expósito (Podemos).

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, criticó que haya líderes políticos como Homs que puedan ir a la cárcel por sacar las urnas a la calle. No obstante, aprovechó para pedir que "todo el peso de la ley" caiga sobre "la corrupción del 3%" de la antigua Convergència. Esteban, por su parte, aseguró que "consultar al pueblo nunca puede ser delito".

El presidente catalán, Carles Puigdemont, confió en que haya "sentido común" y no se condene al expresident Mas ni a Homs: "Estamos hablando de un asunto político y lo que reclama son respuestas políticas, no respuestas judiciales".

Entre tanto, la CUP anunció que convoca para este sábado una reunión del Consejo Político del partido y del Grupo de Acción Parlamentaria, cuatro días antes de la cuestión de confianza a la que se someterá Puigdemont, en la que los anticapitalistas se han comprometido a apoyarle.