Mariano Rajoy rompió ayer su silencio sobre Rita Barbera y su renuncia a entregar el acta de senadora, después de que el Tribunal Supremo le abriera causa por blanqueo. Lo hizo en Bratislava, en la rueda de prensa posterior a la cumbre informal de la UE, y para decir que, como la exalcaldesa de Valencia ha abandonado el PP y "ya no es militante", él, como presidente del partido, no tiene "ninguna autoridad sobre ella". "Barberá ha abandonado el PP. Nosotros le pedimos en su día que renunciara a la militancia". Fue todo lo más que Rajoy se extendió sobre el caso.

El Gobierno, por tanto, ha renunciado a pedir a la senadora que deje su escaño y considera que con su decisión de abandonar el PP ya ha asumido responsabilidades políticas. Ya "no es afiliada" del PP y "la titularidad del escaño no corresponde al partido", se había zafado horas antes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien se apoyó en el principio de separación de poderes para señalar que, ni "en este caso" ni "en ningún otro" el Gobierno es "quién para decirle a nadie" lo que tiene que hacer.

Santamaría, sin embargo, sí apeló a la responsabilidad de la exministra socialista Magdalena Álvarez, el 16 de mayo de 2014, para pedirle que dejara su puesto de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tras ser imputada en el caso de los ERE. Entonces, la vicepresidenta se justificó diciendo que la situación de Álvarez era "muy comprometida".

El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, reveló que ante su previsible imputación, a Barberá "se le ofrecieron dos salidas, las dos únicas salidas posibles: dejar el Senado o abandonar el PP".

Así lo detalló Margallo en una entrevista en Antena 3, en la que argumentó que al optar por dejar el partido y no el Senado, "el PP no tiene ya capacidad ninguna de exigirle nada ni de obligarle a nada porque ya está fuera de la disciplina del partido".

La decisión de Barberá de retener el acta ha abierto un serio diferendo en el seno de la cúpula del PP. La secretaria general, Dolores de Cospedal, defendió el jueves que esa decisión fue adecuada "para los intereses generales" y del partido, mientras que el vicesecretario Javier Maroto opinó que no fue ni "digna" ni "ejemplar" y que con ella solo busca conservar el aforamiento.