El PP y el Gobierno mostraron ayer su disposición a evitar que unas terceras elecciones, si son necesarias, se celebren el próximo 25 de diciembre, día de Navidad, tal como propuso hacer la semana pasada el PSOE, una iniciativa a la que ya mostraron entonces su apoyo Ciudadanos y Unidos Podemos.
De haber acuerdo en firme entre las fuerzas políticas, esos terceros comicios generales se celebrarían el domingo anterior, 18 de diciembre. El acuerdo se materializaría con la presentación de una proposición de ley para reformar la ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que permita acortar en una semana la campaña y el plazo de 54 días desde que se convocan las elecciones hasta su celebración.
El portavoz del PP, Rafael Hernando, mantuvo ayer que otros comicios serían un "ridículo", pero, caso de haberlos, dejó claro que su partido "tomará medidas" para acortar la campaña y no tener que votar el día de Navidad, que no es una "fecha razonable" para fijar una cita con las urnas.
Horas después, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, garantizó que el Gobierno no obstaculizará una reforma de la ley electoral en tal sentido, ni "ninguna cuestión de la que puedan devenirse beneficios para los españoles", pero siempre partiendo de la premisa de que unas terceras elecciones serían "un perjuicio muy importante para la democracia".
La "número dos" del PSOE por Madrid, la exministra Margarita Robles, consideró posible acometer esa reforma de la LOREG, pero cargó contra el PP: "Con sinceridad, cuando se fijó la fecha del 25 de diciembre se hizo con toda la intención y así poder culpabilizar al PSOE. Cuando ha visto que el PSOE va a proponer esa reforma de la ley electoral, si el PP se opone ahora, quedaría retratado", denunció la diputada socialista.
Con todo, según Robles, la reforma de la ley electoral debería quedar aprobada antes del 31 de octubre, fecha en la que las Cortes serán disueltas si ningún candidato sale investido.
El instrumento para acortar la campaña que apunta el PSOE sería una proposición de ley de reforma de la LOREG, presentada por uno o varios grupos parlamentarios del Congreso, que podría tramitarse en pocas semanas en ambas Cámaras siempre que exista un amplio consenso.
No obstante, y antes de su debate, las proposiciones de ley deben ser enviadas al Gobierno, en este caso en funciones, para que muestre su conformidad o no con la tramitación. El Gobierno tiene un mes para decidir si esa propuesta implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
Un reciente informe de los letrados del Congreso señalaba que no había razones para que la Cámara no pudiera tramitar proposiciones de ley, y que no hay obstáculo para que el Gobierno, aún estando en funciones, se pronuncie sobre su contenido.
Por otro lado, Ciudadanos estaría dispuesto a aceptar un pacto PP-PNV tras las elecciones vascas del próximo día 25 para poder evitar la celebración de unas terceras elecciones, pero siempre y cuando no incluya el traspaso de nuevas competencias, el acercamiento de presos etarras o la celebración de un referéndum de independencia.
