Identificar primero aquello en lo que hay coincidencia y aplazar las discrepancias. En eso consiste el método que sigue la negociación entre Ciudadanos y el PP para que los 32 diputados del partido de Albert Rivera voten, el miércoles de la próxima semana, a favor de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Las pautas del proceso hacen compatibles dos evaluaciones en apariencia antagónicas. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ponía el énfasis en que ambas partes han conseguido consensuar ya medio centenar de medidas y ninguna diferencia parece "insalvable". Desde Ciudadanos, su vicesecretario general, José Manuel Villegas, pese a reconocer que la negociación se encuentra en su fase "más fácil", daba una impresión menos optimista al advertir que en el bloque de políticas económicas y sociales hay "determinados desacuerdos fundamentales, que veremos si somos capaces de desatascar". El contrato único y el trato fiscal a los autónomos son dos de la discrepancias más severas en dicho bloque.

La recuperación de los 2.800 millones que se "perdonaron" en la amnistía fiscal o se cobraron de menos se perfila en el horizonte de las conversaciones como otro de los puntos de "fricción", según Ciudadanos. La negociación avanza con más fluidez en materias como la conciliación familiar, la modernización del sistema productivo o las ayudas a la I+D.

Si el fin de semana no hay un acuerdo global, Villegas anticipa que Ciudadanos se abstendrá. "No hablamos de líneas rojas, pero está claro que, o hay unas condiciones mínimas para que valga la pena cambiar el sentido del voto, o no habrá acuerdo", afirmó ayer.

Ambas partes siguen sin ponerse de acuerdo sobre algunas de las condiciones de Ciudadanos cuya aceptación por el PP permitió abrir la negociación. Así, los representantes del partido de Rivera insisten en que el compromiso de los populares de apartar a los cargos públicos imputados ya "está vigente" por lo que "a cualquier miembro imputado por corrupción política, debería pedírsele que abandone el cargo", según Villegas. El PP, sin embargo, introduce diversas matizaciones en la cláusula a partir del caso de su diputado por Castellón Oscar Clavell, exalcalde de La Vall d'Uixó, investigado por prevaricación a raíz de una denuncia del PSOE e IU. Para el PP, esta situación es distinta de la "corrupción política" y se trata de una "cuestión puramente administrativa". Ambas partes abordan hoy el capítulo de la regeneración y la lucha contra la corrupción.

Más allá de lo que se mueve en la mesa de negociación, Ciudadanos lanzó ayer un aviso claro al PP sobre a quién debe o no invitar a sumarse al posible pacto. Villegas considera que sus posiciones son "difícilmente compatibles" con las del PNV, que con sus seis diputados figura como uno de los grupos parlamentarios claves para la investidura de Rajoy. La formación nacionalista, sin embargo, asegura que votará a en contra del líder del PP, posición en la que, previsiblemente, se mantendrá al menos hasta después de las elecciones autonómicas vascas convocadas para el próximo 25 de septiembre.