El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su Govern recibieron ayer personalmente la notificación del Tribunal Constitucional (TC) para que paralicen cualquier iniciativa que vulnere la suspensión de la hoja de ruta soberanista decretada el lunes por el Alto Tribunal. La notificación les advierte de las eventuales responsabilidades penales en las que incurrirían en caso de desobediencia.
La entrega se produjo al término de la reunión semanal del Govern, la última antes de las vacaciones. La portavoz y consejera de la Presidencia, Neus Munté, explicó que representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acudieron al Palau de la Generalitat para notificar la decisión tomada por el Constitucional de suspender las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.
En un intento de restar importancia a la notificación, Munté evocó que los consejeros del último gobierno de Artur Mas recibieron una notificación similar después de que el TC suspendiera la declaración de inicio del proceso, aprobada por el Parlament el 9 de noviembre.
Munté se reafirmó en que la Generalitat seguirá aplicando la hoja de ruta soberanista. "Estamos trabajando en la línea de la hoja de ruta, plenamente democrática, y cumplimos con las resoluciones y mandatos del Parlament del tipo que sean", dijo.
La portavoz evitó emplear conceptos como desobediencia o desacato al Alto Tribunal, pero insistió en que la Generalitat cumplirá todos los mandatos que se aprueben en el Parlament con independencia de lo que diga el TC: "La obediencia del Govern es al mandato del pasado 27 de septiembre", sentenció. Munté resaltó que el TC ha evitado actuar contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, como, aseguró, le hubiese gustado al Gobierno central.
