La juez Rosa María Freire procesó ayer al Partido Popular por un presunto delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional para evitar el acceso de los investigadores a la contabilidad paralela.
La juez propone juzgar por los mismos delitos a la tesorera y gerente, Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán, y al director informático, José Manuel Moreno. Se cierra así la instrucción y se da el primer paso para sentar al PP en el banquillo, tras desestimar la petición de archivo de la Fiscalía y la formación conservadora. Se trata de la primera vez que un grupo político es procesado.
Considera la instructora que hay indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos "por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito".
Pese a que tanto el PP como sus tres cargos investigados afirmaron que el borrado se hizo según el protocolo de la formación, la juez afirma que "no existe un protocolo interno de seguridad". Añade que Durán es responsable por "haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese", que Moreno también lo es por "haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello", y que "Navarro conocía sobradamente las circunstancias".
La instructora acusa al PP y a sus tres cargos de destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rayado hasta su destrucción física". Los discos duros acabaron en la basura, según el auto.
