La Comisión Europea (CE) ordenó ayer a España recuperar 140 millones de ayudas estatales concedidas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para construir un centro de ensayos de alta velocidad en Málaga, al considerar que es "incompatible" con las normas comunitarias de competencia y con las de ayudas estatales. En el comunicado, Bruselas añade que, "en particular", el centro "no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región" y duplica otras instalaciones existentes.

La CE indicó haber realizado una "investigación pormenorizada" de los planes españoles de financiación de todos los costes de inversión del proyecto (358,6 millones) para la construcción del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF), un circuito ferroviario en el que los trenes pueden circular a muy alta velocidad, con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario.

Según los planes notificados por España a la Comisión en septiembre de 2013, la financiación pública debía otorgarse a ADIF, que sería el propietario del centro. La investigación de la CE reveló que, "de hecho, España ya pagó a ADIF, a partir de 2011, 140,7 millones de euros, antes de que la Comisión adoptara su decisión" sobre la concesión de las ayudas, con lo que "infringió las normas de la Unión Europea".

Además, las pesquisas apuntaron a que el proyecto "no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales", ya que "no responde a un auténtico objetivo de interés común". "No parece existir ningún interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades, ya que no serían comercialmente viables", precisó.

La Comisión afirma, asimismo, que "ya se realizan ensayos en redes ferroviarias comerciales. El CEATF no haría sino duplicar esas infraestructuras existentes".

Por otra parte, la CE indicó que, a pesar de la financiación pública otorgada, "ningún inversor privado manifestó su interés por participar en la financiación", y recalcó además que, de hecho, "se esperaba que el CEATF generase pérdidas durante todo su período de funcionamiento".

Por todo ello, la Comisión consideró que el proyecto "no contribuye al objetivo de promover el desarrollo sostenible de Andalucía", y que "solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales en el sector de la construcción durante la construcción de la infraestructura".

En su opinión, el coste público "habría sido desproporcionadamente alto" y España "no consiguió demostrar" que las ventajas del proyecto compensaran los costes de construcción y las pérdidas de explotación. Así pues, "la financiación pública crearía un falseamiento de la competencia, al subvencionar a un nuevo participante en el mercado", concluyó, por lo que consideró que "la ayuda es incompatible con el mercado interior y ha ordenado a España recuperar de ADIF los fondos que ya le han sido abonados".