El CGPJ ha acordado hoy el reingreso como magistrado de la Audiencia de Barcelona del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, después de ser cesado de ese cargo por el Parlament catalán a raíz e la divulgación de sus conversaciones con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
De Alfonso tenía reservada plaza en la Audiencia de Barcelona, donde se encontraba en situación de servicios especiales, por lo que ahora el órgano de gobierno de los jueces ha acordado su reingreso en esa plaza en cumplimiento del artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula esta condición.
Ese plazo, informa el Consejo General del Poder Judicial en una nota, finaliza mañana viernes 22 de julio.
El Parlament lo destituyó al considerar que cometió un "grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones", ya que en las conversaciones con Fernández-Díaz, según la cámara catalana, ambos se dedicaron a "fabricar" casos de corrupción para desprestigiar al independentismo.
El CGPJ recibió el martes por correo ordinario la petición de De Alfonso de reingresar en el servicio activo en la carrera judicial, ya que tenía una excedencia como juez a la que podía volver cuando quisiera, únicamente solicitando su reincorporación ante el CGPJ dentro del plazo establecido.
El día en el que fue destituido al frente de Antifraude, De Alfonso remitió una carta a los trabajadores de la agencia en la que se disculpaba por no haber estado a la altura: "si alguno piensa que yo no he estado a la altura, lo admito y le pido públicamente disculpas".
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advirtió el pasado 6 de julio del "daño" que causa a la justicia que se permita regresar a la carrera judicial a magistrados que han ejercido cargos públicos de confianza, como en el caso de De Alfonso.
"Aceptar un cargo político o de confianza supone en todo caso entrar en la confrontación política para defender públicamente un proyecto, lo que lógicamente conlleva la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción", advirtieron los jueces conservadores.
