El PP y el PSOE son partidarios de que Convergència (CDC) cuente con grupo propio en el Congreso pese a no cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de la Cámara para organizarse de forma autónoma, pero se muestran contrarios a facilitárselo a las confluencias territoriales de Podemos.

Hay dos vías para poder crear un grupo parlamentario. La más directa es obtener al menos 15 escaños en las elecciones, pero quienes no lleguen a ese umbral tiene una fórmula: haber logrado al menos cinco diputados y, además, aglutinar el 5% de los votos a nivel nacional o bien un 15% en aquellas circunscripciones en las que se presentaron.

En pasado 26 de junio, los independentistas catalanes sumaron ocho escaños pero no consiguieron el 15% de los votos en las cuatro provincias catalanas. Con este escenario, Convergència se veía abocada, por primera vez, a no contar con voz propia en Madrid, y, por tanto, a tener que integrarse en el Grupo Mixto, dejando de percibir los cerca de 42.000 euros mensuales que recibirán si logran mantenerse como grupo.

CDC debía recurrir al préstamo de diputados bien para llegar a los 15 necesarios o bien para alcanzar el porcentaje que se requiere a los que han sumado entre cinco y 14 escaños. En cualquier caso, tanto el PP como el PSOE se muestran dispuestos a una interpretación laxa del Reglamento incidiendo en que CDC obtuvo ocho diputados y restando importancia a las décimas que le hacen falta para llegar al 15% en las circunscripciones de Barcelona y Tarragona.

Menos suerte parece que va a correr la pretensión de las confluencias gallega, catalana y valenciana con las que Unidos Podemos concurrió a las elecciones de tener tres grupos parlamentarios diferenciados del de Pablo Iglesias, porque de nuevo el PP y el PSOE se van a oponer a que cuenten con cuatro voces diferenciadas en el Congreso.

Tras los comicios del 20 de diciembre, En Comú y En Marea trataron de constituirse como tal, pero ante el rechazo del PP, PSOE y Ciudadanos ni siquiera llegaron a registrarlo. De hecho, teniendo en cuenta lo sucedido en enero, En Comú se presentó como partido con una coalición instrumental con Barcelona En Comú, ICV, EUiA y Podem, una fórmula jurídica con la que buscaban blindar el grupo en el Congreso. Todo apunta a que esa estrategia tampoco le servirá.

El episodio de los grupos deberá quedar resuelto en los cinco días posteriores a la constitución del nuevo Congreso, es decir, antes del 26 de julio, aunque la Mesa de la Cámara podría decidir ampliar ese plazo.