Una resolución del Tribunal Constitucional (TC) echa por tierra las bases sobre las que los soberanistas pretenden levantar el estado catalán. La sentencia, de 90 páginas, anula los acuerdos del Parlament para promover una Agencia Tributaria propia y los entes destinados a sustentar la administración después de la independencia.
En un fallo por unanimidad, el tribunal de garantías considera que el intento de la Generalitat de Cataluña de crear una Agencia Tributaria propia "pone en entredicho la articulación de la distribución del poder público entre el Estado y las Comunidades Autónomas y menoscaba la posición constitucional del Estado".
Además de la Agencia Tributaria, la sentencia declara inconstitucionales el plan director de la Administración Tributaria de Cataluña, la elaboración de un catálogo de infraestructuras de Cataluña, el plan director de energía, telecomunicaciones, sistemas de información y transporte ferroviario.
La anulación se hace extensiva al servicio meteorológico catalán y departamento de grandes centros comerciales en puertos públicos.
La sentencia del TC va del rechazo frontal a los entes considerados inconstitucionales a la matización respecto a otras instituciones promovidas por la mayoría soberanista del parlamento catalán. Así, declara constitucionales, siempre que se mantengan en los límites que la propia sentencia establece, la elaboración de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña y que se promueva una Agencia de Protección Social. Esta entidad estaría orientada a "asumir las competencias sobre las prestaciones de protección social propias o transferidas por el Estado" y el TC advierte que, en ningún caso, debe afectar a la Seguridad Social.
El Constitucional había suspendido ya cautelarmente la Agencia Tributaria de Cataluña al admitir a trámite el recurso que presentó contra ella el Gobierno, basado en que la norma catalana integra a los funcionarios de la agencia en cuerpos dependientes de la Generalitat. El grueso de las medidas anuladas corresponde a la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2015 y la Ley de Acompañamiento, que preveían impulsar la creación de estructuras de Estado en Cataluña.
La decisión del Constitucional no altera los planes soberanistas. La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, garantizó ayer que el Ejecutivo catalán "no se mueve" de la hoja de ruta y permanecerá "firme" en su compromiso de seguir con la construcción de las "estructuras de Estado" porque "vemos base y posibilidad de hacerlo y sin ningún tipo de alegalidad". Munté minimizó el impacto de la sentencia del TC, que, en su opinión, carece de "afectación real". En la misma línea, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, señala que "tenemos un mandato y una hoja de ruta que hay que tirar hacia delante. Ningún tribunal corrompido nos hará renunciar a la democracia. El Parlament es soberano". El PSC reprocha a los soberanistas que elaboren leyes para provocar un "choque de legitimidades".
