La Guardia Civil detuvo ayer a doce personas y efectuó una cincuentena de registros en diez provincias en una operación contra la corrupción municipal. En el dispositivo, dirigido por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se investigan delitos contra la administración pública, organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas y fraude a las administraciones.
Según los investigadores, Efial, una consultora especializada en administración pública, ofrecía a ayuntamientos catalanes, la mayoría gobernados por Convergència (CDC), servicios para mejorar su gestión y optimizar las cuentas, y aprovechaba supuestamente el menor control público a las entidades empresariales locales para desviar fondos. Este sistema supuestamente corrupto saltó a algunos ayuntamientos de otras provincias, Castellón, Baleares, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara, después de que hace meses Efial fuera absorbida por CIG, consultora contratada por varios consistorios de fuera de Cataluña.
De este modo, agentes el instituto armado registraron los consistorios de L'Ametlla de Mar, Tortosa, Ascó y Vandellós, en Tarragona, así como los de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en Madrid, y Trillo en Guadalajara. También se personaron en una quincena de ayuntamientos para requerir información sobre los contratos con Efial y CGI, entre ellos los de Barcelona, Gerona, Cambrils, La Seu d'Urgell, Llinars del Vallès y Calonge.
Entre los detenidos figuran los exalcaldes de Anglès, Josep Manel Bassols, que ya fue arrestado durante la investigación del "caso del 3%", y el de L'Ametlla de Mar (Tarragona), Andreu Martí (CDC). Además, la Guardia Civil también acudió a la sede de la Oficina Antifraude de Cataluña, donde han requerido toda la documentación de sus investigaciones sobre este asunto. Entre esa documentación figuran las relativas a una investigación de este organismo sobre los contratos de servicios encargados por el Ayuntamiento de Gerona entre los años 2011 y 2015, durante la etapa en la que su alcalde era Carles Puigdemont, actual presidente de la Generalitat. Bassols fue su jefe de campaña mientras estuvo en la Alcaldía.
Las reacciones políticas a la actuación no se hicieron esperar y, por separado, tanto PP como Ciudadanos registraron sendas solicitudes de comparecencia en el Parlament de Puigdemont para que dé explicaciones sobre el caso y la operación policial desarrollada. La portavoz del PSC, Eva Granados, expresó su confianza en que el presidente dará "las explicaciones necesarias" sobre su gestión como alcalde de Gerona. Desde el Govern y CDC, por su parte, se acusó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz de ser el "autor intelectual" de la redada con el objeto de "dañar al independentismo".
