Agentes de la Comisaría de Policía Judicial realizaron durante la mañana de ayer un "barrido" en diferentes dependencias de la sede del Ministerio del Interior para tratar de encontrar micrófonos u otros dispositivos que pudieran esclarecer quién y cómo grabó la conversación que mantuvieron en octubre de 2014 el ministro Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistradoDaniel de Alfonso.
El propio titular de Interior encargó a la Policía Judicial esta investigación una vez que el diario Público informara durante la recta final de la campaña electoral del 26J del contenido de unas conversaciones que datan de hace más de dos años. De esta manera, la búsqueda de dispositivos de escucha se efectuó en diferentes oficinas del edificio, no sólo en el despacho oficial del Ministro, e incluyó una comprobación exhaustiva del perímetro de la sede del ministerio ubicado en el número cinco del Paseo de la Castellana de Madrid.
El "barrido" supone la instalación de un aparato electrónico que en pocos minutos detecta si existen en ese espacio micrófonos o teléfonos pinchados. En cualquier caso, este procedimiento sirve para detectar la presencia de esos elementos en el momento en el que se realiza. No sirve, por tanto, para averiguar si los hubo y posteriormente fueron retirados.
En las conversaciones que salieron a la luz, el Ministro y Daniel de Alfonso intercambian información sobre políticos independentistas y su posible filtración a los medios. El caso motivó la destitución del responsable de la Oficina Antifraude por parte del Parlamento de Cataluña y la apertura de la investigación vigente en Interior. Algunos partidos políticos pidieron, asimismo, el cese de Jorge Fernández Díaz. A este respecto se refirió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior alConsejo de Ministros. Para la número dos del Gobierno en funciones, las peticiones de dimisión al ministro del Interior se deben "a los procesos judiciales abiertos en otros partidos políticos".
Los responsables del diario Público entregaron ayer a la Fiscalía General del Estado los archivos digitales de audio de las grabaciones, supuestamente realizadas los días 2 y 16 de octubre de 2014.
